“Si nos quitan el agua, nos quitan el derecho a la vida ó ¿quién puede vivir sin agua?
Estar desconectad@ es un acto de violencia contra la sociedad”
Morelia Arias –Lideresa comunitaria-
¿Qué es ser/estar DESCONECTADO?[1]
Son aquellas personas, familias o grupos sociales que no cuentan con los SPD de agua, alcantarillado, energía y teléfono, debido básicamente a dos factores: porque no tienen con qué pagar la cuenta, debido al desempleo o la inestabilidad laboral, o porque el lugar donde viven no pueden conectarse, por estar en zonas de “alto costo”. Es una acción violenta contra las familias pobres y vulnerables, realizada por EPM u otra empresa prestadora de los SPD o por el Estado mismo representado en La Alcaldía. Esto constituye una violación a los derechos fundamentales de estas familias y se convierte en una problemática social, que incluso genera riesgo de muerte, siendo una acción que degrada la calidad de vida de las comunidades y hunde a la personas en un sentimiento de impotencia al sentirse sin oportunidades, estigmatizado, discriminado, humillado e indignado pues sus derechos mínimos para subsistir se han convertido en privilegios, convirtiéndose en una falta de respeto a la dignidad humana.
Esta problemática puede ser abordada mínimamente desde tres grandes ejes de análisis: la dimensión social, el ámbito jurídico, y la cuestión política; esto permite tener una visión más amplia y puede ayudar a entender de una mejor manera la cotidianidad de las familias desconectadas, y porque no, en aras de una pronta solución a su problemática, que conlleve al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores más pobres de la ciudad y para que los SPD sean considerados como derechos humanos fundamentales a los que debe acceder toda la población y sin los cuales sería imposible la realización de otros derechos por conexidad como la salud, la alimentación y la educación.
La dimensión social:
En la actualidad en la ciudad de Medellín se presentan varias problemáticas relacionadas con la prestación de los SPD como son: la desconexión, las altas tarifas, la implementación de la energía prepago[2], la refinanciación de las deudas y el cobro del alumbrado público, como consecuencia de la privatización de estos derechos por parte del Estado y de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). En la ciudad lo más grave lo constituye la desconexión de más de 40.000 hogares, que se les corta y/o suspende del agua y de la luz, ya que con esto se está afectando más directamente la dignidad de las familias, vulnerando sus derechos humanos fundamentales.
También, se encuentran problemas muy fuertes relacionados con el acceso a los SPD, pues existen barrios enteros que no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado que presta las EPM, así, para suplir esta necesidad, los habitantes de estos sectores han tenido que autoabastecerse, construyendo sus propios servicios de manera artesanal, que, aunque con buena intención, no cumplen con unos mínimos estándares de calidad y sanidad, el agua que consumen no es apta para el consumo humano y no llega en suficiente cantidad; y el alcantarillado corre a cielo abierto desembocando en las quebradas sin ningún tipo de tratamiento previo, produciendo graves afectaciones a la salud pública de sus habitantes y del medio ambiente.
En estos barrios periféricos EPM no presta el servicio de energía de manera regular con un contador individual, por lo tanto se utiliza un sistema llamado “pilas públicas”[3], pero esto genera una mala facturación en los hogares, pues a los usuarios no se les cobra un consumo real sino un consumo promedio que oscila entre $38.000 y $45.000 mensuales para el estrato 1.
El argumento de EPM y de la Alcaldía de Medellín es que se encuentran en zonas de alto riesgo, por lo tanto no se les pueden prestar los SPD de manera continua. En esta situación se encuentran aproximadamente 30.000 familias, en sus mayorías desplazadas por la violencia y ubicadas en asentamientos subnormales o cercanos a las cuencas hidrográficas.
La situación socioeconómica de estas familias es realmente grave y casi que sobreviven, generalmente son personas que no tienen un trabajo estable o son mal remuneradas, una gran parte son desplazados, madres cabeza de hogar y muchos realizan el famoso “recorrido”, que consiste en pedir, casi que mendigar, alimentos en los barrios y plazas de la ciudad.
Una de las características de las zonas donde mayor desconexión existe, es que se encuentran donde menor es la calidad de la vivienda, estos barrios no fueron planificados por sus habitantes, ni por los entes gubernamentales, como por ejemplo la parte alta de las comunas 1 y 3, y el borde norte y occidente de la comuna 2 de la zona nororiental; los bordes de la comunas 6 y 7 de la zona noroccidental; la parte alta de la comuna 13 de zona centroccidental y la parte alta de las comunas 8 y 9 de la centroriental.
Es importante anotar que precisamente son estas comunas y sectores populares los más duramente golpeadas por el conflicto social que genera la exclusión social y la pobreza, expresados en la mayor población vulnerable, la estratificación socioeconómica más baja, los menores índices de calidad de vida y de desarrollo humano, donde se ubica la mayor población sisbenizada y vulnerable, donde son menores las oportunidades de subsistencia, los mayores niveles de desempleo de la ciudad, con un bajo nivel educativo, sin acceso a la justicia, sin seguridad social (o si la tienen con el Sisben, parece que no la tuvieran), con los mayores índices de hacinamiento, y sin suficiente espacio público, además de ser las zonas con más problemas relacionados con la violencia y la guerra a través de la historia y en la actualidad.
El ámbito jurídico:
El segundo eje analítico es el relativo a la normativa nacional y la legislación internacional en materia de SPD, ya que este bloque de constitucionalidad puede determinar en qué medida existen violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de la Alcaldía y las EPM al momento de incurrir en la desconexión, ya que están afectando el derecho a la vida y la honra de los habitantes de los barrios populares de nuestra ciudad en conexidad con los DESC (derechos económicos, sociales y culturales), o directamente a los derechos al agua potable, la energía eléctrica y la dignidad humana.
Esto lo han venido planteando los distintos organismos de derechos humanos y los pactos internacionales que ha firmado Colombia ante la ONU, como el Pacto Internacional DESC, donde se plantea enfáticamente que los SPD de Agua potable (Observación General Nº 15[4]) y energía eléctrica deben ser garantizados a toda la población, por parte del Estado como una de sus obligaciones sociales de prestar bienestar general a la población y unas condiciones mínimas de subsistencia, sin distinción de raza, sexo o condición económica, es decir, que el ser pobre no lo exime de exigir al Estado su prestación gratuita, pues no posee los medios económicos necesarios para acceder a ellos. Además encontramos otros pactos como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los principales argumentos a favor dentro de la legislación internacional.
Y por otro lado a nivel interno, encontramos argumentos a favor en el artículo 365 y 366 de la Constitución Nacional de 1991, donde se plantea que los SPD son una finalidad social del Estado, además de algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional como por ejemplo la sentencia T-270 de 2007 donde se prohíbe desconectar a personas en situación de vulnerabilidad y T-546 de 2009 donde prohíbe desconectar del agua potable a los hogares donde habiten menores de edad.
La cuestión política:
En este tercer eje, básicamente lo que hay que plantear es que el problema de los desconectados se está generalizando hoy en nuestra ciudad debido a la pobreza y al desempleo, que genera entre otras cosas, poca capacidad adquisitiva en los hogares medellinenses; y a la falta de voluntad política de la administración municipal para invertir dinero en las zonas de “alto costo”[5], o sea que estamos prácticamente en un estado de Emergencia Social[6].
Hay que dar un debate público y aportar a la discusión política con una posición clara: los SPD son derechos humanos fundamentales, desmontando la idea que tienen las administraciones locales[7] y las empresas prestadoras de estos servicios de que son mercancías y solo consume el que tenga con qué pagarlos, amparados en un modelo de Estado Neoliberal y excluyente; y por otro lado, afirmando que los SPD son derechos a los que debe acceder toda la población, sin distinción alguna, amparados en un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, tal como lo plantea la Carta Política.
Y esto es clave a la hora de formular propuestas para resolver la problemática de la desconexión en la ciudad, porque lo que se observa es que las alternativas que se han generado desde las EPM y la Alcaldía obedecen mas a lógicas de mercado, y estrategias que giran en torno a la ganancia y de no perder dinero, todo ello a costa de los pobres, en vez de atacar las causas estructurales del problema.
Lo que se vienen planteando y argumentando desde las organizaciones comunitarias va más en la perspectiva de reivindicar derechos. Las soluciones pasan más por un asunto de voluntad política que de carácter económico, tal como nos lo demuestran las cifras; si la Alcaldía de Medellín decidiera reconectar a las personas que hoy padecen de la falta de agua y energía por física incapacidad de pago y por su situación de pobreza extrema, esto les costaría al municipio sólo una suma aproximada de 32 mil millones de pesos, lo cual no alcanzaría a representar ni siquiera el 0.5% del total de las ganancias obtenidas por EPM en el año 2009, que fueron del orden de 1,8 billones de pesos y por ende no se daría una situación de quiebra para la entidad[8].
Y si miramos el presupuesto municipal aprobado para el año 2010, que oscila en 3.2 billones de pesos, observamos que es una suma muy mínima, comparado con gastos en que ha incurrido la Administración Salazar y el “honorable” Concejo de Medellín, solo por mencionar uno: la aprobación de 400 mil millones de pesos para el proyecto “Autopistas de la Montaña”, donde las obras no se construirán dentro del perímetro del municipio y beneficiará a los grandes grupos económicos del departamento.
Pero la problemática no acaba allí, después de esta condonación de las deudas a los desconectados, a través de una política de “perdón y olvido” para los “morosos” de los estratos 1, 2 y 3, se debe empezar la aplicación de una verdadera política del Mínimo Vital de Subsistencia[9] para los servicios de agua potable (que incluye acueducto y alcantarillado) de 5 mt3 por habitante y para el caso de la energía de 130 kw/h al mes, para cada vivienda de los estratos 1 y 2.
Esto es posible si se utilizan las transferencias (tanto ordinarias como extraordinarias) que realizan las EPM a la Alcaldía de Medellín[10], que pueden oscilar anualmente en $600.000 millones de pesos. Esto le costaría al Municipio la suma aproximada de $173.000 millones anuales, repartidos de la siguiente manera: en Agua 38.000 millones, en Alcantarillado 57.000 millones y en energía 78.000 mil millones; es decir el 28% de esas transferencias; y es lograble a través de un Acuerdo Municipal que debe ser aprobado por el Concejo de la ciudad o a iniciativa del alcalde de turno; pero lo que se puede apreciar es que no hay voluntad política de nuestros gobernantes para ello, ya que trabajan y obedecen no a intereses generales de la población sino a grupos empresariales minoritarios pero con un gran poder en la región.
Ahora bien frente a los problemas de acceso, la primera medida a tomar es la construcción urgente de sistemas de acueducto y alcantarillados convencionales y no convencionales, dependiendo de las características del suelo; y con subsidios de hasta el 100% para la población vulnerable y desplazada, a su vez del fortalecimiento de los acueductos comunitarios barriales para garantizar el acceso al agua potable y de bajo costo. Para el caso de la energía se necesita lobby político para derogar la reglamentación de la CREG (Comisión Reguladora de energía y gas) que prohíbe la instalación de contadores en los asentamientos subnormales[11]. Respecto a su financiación la Administración deberá utilizar no solo las transferencias de EPM sino también las que hace el gobierno central a través del SGP (Sistema General de Participaciones) de Agua Potable y la gestión ante el ministerio de Minas y Energía del Fondo FOES (Fondo de Energía Social) para la obtención de recursos para zonas urbanas desfavorecidas y de reciente consolidación.
Finalmente queda decir a las comunidades y sus organizaciones sociales y populares, que tienen una tarea y es la unión de luchas para la exigencia de sus derechos fundamentales a los SPD y a una vida digna, a través de la movilización social y la protesta pacífica, para generar presión política y espacio de debate ante las EPM y la Alcaldía, porque no solo se debe denunciar, sino también proponer, para generar cambios y poder transformar su realidad.
Por: Carlos Velásquez
Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín
[1] Este concepto fue construido con base en “la teoría fundada”, que consiste en llegar a la definición de un término no desde una teoría determinada, sino de la práctica misma y de la experiencia propia de cada individuo o colectividad. Para el caso concreto se realizó con los estudiantes de la VI cohorte del diplomado de SPD del Valle de Aburra, donde muchos de sus integrantes son personas que han sufrido y/o están desconectadas y personas de organizaciones sociales.
[3] Pila pública es un contador que se coloca en los postes y distribuye energía a 15 o 20 viviendas aproximadamente.
[4] Observación realizada por el Comité DESC en el año 2002.
[5] Argumentamos que son zonas de alto costo y no de alto riesgo, debido a que los estudios geotécnicos y de suelos muy claramente expresan que están zonas se han venido deteriorando precisamente por la falta de inversión en sistemas de acueducto y alcantarillado, que son las causas que generan el mayor riesgo en estos territorios.
[6] La Emergencia social es una figura política que permite que un Estado tome medidas urgentes para subsanar ese problema y que destine recursos económicos para su pronta solución antes de agravarse más la situación, la cuestión hoy en día es que el término se “vulgarizo”, cuando se declaro la “emergencia social” con el sistema de salud, que en vez de atacar el problema, genero medidas de corte en lo presupuestal y en fin, de restricciones a los derechos de los ciudadanos.
[7] En respuesta a derecho de petición, con el radicado 02662347 del 23 de mayo de 2008, el alcalde Alonso Salazar, afirma: “los SPD tienen una clara naturaleza económica, no gratuita” y manifiesta que los SPD no son un derecho fundamental, esto preocupa en la medida que con esta visión es muy difícil lograr una solución real al problema de la desconexión en la ciudad.
[8] Argumento utilizado por los abogados de EPM y ratificado por algunos jueces de la ciudad, para negar la condonación de deudas.
[9] Digo verdadera, pues en Medellín se aprobó un supuesto mínimo vital, pero este solo es de 2,5 mt3 por habitante, que a mi modo de ver es un ½ mínimo vital, pues la OMS (Organización Mundial de la Salud) determina la cantidad de 5mt3 para los pobladores por encima de 1.000 msnm (caso de Medellín). Y por otro lado solamente se aprobó para 45.000 familias, donde hasta el 2009 solo iban beneficiadas 10.000 y con un factor totalmente EXCLUYENTE pues un requisito para acceder a este subsidio es no estar en situación de desconexión, entiéndase todo esto como focalización de la pobreza.
[10] Lo que pasa actualmente es que este dinero no es utilizado para la inversión en SPD, sino en obras de infraestructura para la ciudad, que beneficia en cierta medida algunos intereses de empresas constructoras y cementeras.
[11] Esto es posible, si EPM lo logró para la instalación de medidores prepago, ¿por qué no hacerlo con medidores pos-pago?
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