Nosotros, CONSIDERAMOS que el agua y los ecosistemas asociados son bienes
comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de
intereses privados. Todos los bienes y recursos de la naturaleza forman
parte del patrimonio natural del planeta y son indispensables para el
sostenimiento de la vida. Tenemos que gestionarlos con SOLIDARIDAD,
SOSTENIBILIDAD Y COOPERACIÓN MUTUA, ACCESO COLECTIVO, EQUIDAD I CONTROL
DEMOCRÁTICO.
Pero además, mediante la gestión pública de abastecimiento y
saneamiento del agua, DEBEMOS PROPONER nuevas formas de control social
que garanticen la transparencia, la información, la rendición de cuentas
y la PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA. También hay que establecer
instrumentos de participación ciudadana en los servicios vinculados al
ciclo urbano del agua.
Y es por todo eso que RECHAZAMOS LA PRIVATIZACIÓN de los servicios
del ciclo integral urbano del agua y damos apoyo a los procesos de
REMUNICIPALIZACIÓN que se están llevando a cabo en numerosas ciudades y
pueblos.
ENTENDEMOS que las administraciones locales tienen la RESPONSABILIDAD
de adoptar las decisiones oportunas para asegurar la sostenibilidad del
ciclo integral urbano, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua
europea. PONDREMOS LOS MEDIOS para que, desde la gestión pública, se
presten los servicios de manera que se cumplan los estándares más
exigentes de CALIDAD Y EFICIENCIA y se garantice una gestión
transparente en la que participe la ciudadanía.
Finalmente, DAMOS APOYO a la constitución de una RED DE CIUDADES POR
EL AGUA PÚBLICA que, mediante un funcionamiento horizontal entre todos
los actores interesados en la gestión del ciclo integral del agua
(cargos públicos, operadores públicos, organizaciones sociales, personas
expertas, ciudadanía), permita el acceso a la información y al
conocimiento, la puesta en común de los problemas existentes y de las
experiencias que se lleven a cabo y la propuesta de actividades de
interés COMÚN
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