Las represas que se están construyendo en nuestro territorio, como la del Quimbo en el Huila y la de HidroItuango en Antioquía, no parten de una necesidad de las comunidades que habitamos estas tierras, si no, de la demanda del mercado global y las multinacionales.
El gobierno local y nacional colombiano, desconociendo a las comunidades que exigen modelos de desarrollo que beneficien primeramente a los campesinos, pesqueros, mineros artesanales y en general, a todos los pobladores de las zonas que son afectadas por estos megaproyectos, se han encargado de legislar a favor del mercado y de brindarle todas las garantías, en materia de seguridad, a los intereses privados prestando protección con las fuerzas militares a las obras, esto generado un abuso de poder y una contradicción con la razón de ser del uso legitimo de la fuerza de un estado, que se supone es para la protección de los civiles que alimentan estas instituciones con el pago de impuestos.
