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Ciudad de negocios, de
predominio de los capitales financiero, comercial y de servicios,
integrada con una región en la que predomina el capital industrial
explotador de recursos minero-energéticos, todo en un ambiente en el
que la cultura política es reemplazada por la cultura del
emprendimiento, la innovación y la competitividad, y donde la famosa
inversión social prioriza la producción de una imagen urbana
atractiva a los inversionistas y en la realización de macro-eventos
como mundiales deportivos, congresos de bancos internacionales,
mega-conciertos, eventos de moda, ferias turísticas, encuentros de
organizaciones multilaterales, etc.
Así es como nos vamos damos
cuenta de lo que está sucediendo con la ciudad real, no la que crece
con el nombre de Medellín (la marca comercial, habría que decir),
sino esta que crece en la tierra. Porque, más que preguntarnos qué
es Medellín, y responder, como hace la Alcaldía, que es una idea,
un proyecto económico, un imaginario, una percepción, o una matriz
internacional de negocios; habría que preguntar quién es
Medellín, qué población la compone, la habita, y qué está
sucediendo con ella.
Nos enteramos de que el
presupuesto directamente invertido en “calidad de vida” y en cuya
asignación incide la “ciudadanía” es el famoso presupuesto
participativo que nos ha puesto a competir por las migajas que nos
“regala” la Administración. Además de ser una fracción
irrisoria del presupuesto total (5%), y que quienes se quedan con la
mayor tajada no son las comunidades sino los paramilitares
legalizados, ha sido claro el hecho de que no resuelve los problemas
de pobreza, exclusión, marginación y desigualdad, ya que esos son
problemas estructurales y generalizados, que nunca podrán ser
resueltos con recursos focalizados para aliviar situaciones de
pobreza, porque la pobreza en Medellín ni es una situación
ni es focalizada, es una condición
y es generalizada.
Nos enteramos de que Medellín
“la más educada” ha priorizado la educación primaria,
secundaria y a lo sumo técnica y virtual, ya que lo que ha
pretendido es formar una masa trabajadora con cualificación técnica
básica para cumplir las labores de servicio que nos ofrecen los
inversionistas extranjeros, valga decir call centers y demás centros
de atención al cliente. Porque ahora el grueso de la población
urbana con trabajo formal son empleados de bancos, empleados de
casinos, empleados de centros comerciales, empleados de grandes
cadenas de almacenes, etc.
La población que no quepa allí
no va a ser tenida en cuenta en el proyecto de ciudad, va a ser
marginada, va a ser expulsada literalmente. Si rebusca en el “espacio
público” (espacio de los proyectos de intervención urbanística)
será desplazada, si vive en esos espacios centrales “estratégicos”
será expropiada y desplazada, si vive en las laderas periféricas
igual será expropiada y desplazada. Y si vive en un barrio y se
organiza con la comunidad para resistir esa marginación y exigir el
cumplimiento de unos derechos que el Estado Nacional le prometió en
un libro llamado Constitución, entonces ahí sí que también es
expropiada y desplazada por las fuerzas irregulares del Estado, por
la anteriormente llamada Donbernabilidad, ahora disfrazada de
Parque Biblioteca y Metrocable.
El P.O.T. como
plan estratégico de la burguesía en el territorio de Medellín
El Plan de Ordenamiento
Territorial de Medellín parte de un “imaginario de ciudad” que
supuestamente tenemos todos los que la habitamos (porque habría sido
supuestamente construido “con visiones de diversos grupos
sociales, manifestadas a través de amplios procesos
participativos...”). Ese imaginario, según ellos, es: “ciudad
competitiva, ambientalmente sostenible [¿qué entiende por
sostenibilidad la Alcaldía?], socialmente equilibrada, acogedora [de
los turistas extranjeros] e integrada espacial y funcionalmente a
partir de los ejes estructurantes y del sistema de centralidades”
Yo pregunto simplemente: ¿así
nos soñamos esta ciudad quienes la habitamos? Y sospecho que no...
Entonces, ¿quién la quiere así?, ¿a quién le conviene ese
“imaginario”? Echemos solo un vistazo a los objetivos del POT
para darnos cuenta de los intereses que están allí plasmados y
arrojar pistas a esos interrogantes.
El primer objetivo es
consolidar una plataforma metropolitana y regional competitiva. Con
plataforma obviamente hacen alusión a centro económico, para lo
cual se proponen impulsar proyectos científicos, culturales y
comerciales. Al ser este el primero, marca de entrada el talante
eminentemente económico, no “social” ni político, de la
planeación del territorio urbano. Frente a eso hay que decir:
primero las necesidades que las ganancias!
El segundo objetivo es poner en
el centro de atención el medio natural, y concebirlo como espacio
público, por lo cual se propone restringir el crecimiento periférico
de la ciudad mediante “cinturones verdes de contención”. Sobra
decir que aquí con argumentos ecológicos vienen implementando un
proceso de marginación y exclusión. A los que están allí en las
laderas se los hará salir, a los que pretendían entrar por su
condición de desplazados, se les impedirá hacerlo. Las comunidades
de las comunas 1, 3 y 8 ya lo saben bien, que el cinturón “verde
olivo” o “jardín de dudas” no nos conviene a nosotros sino a
ellos, pero para enfrentar este objetivo y ser tenidas en cuenta en
su implementación deben redoblar sus esfuerzos de organización para
la movilización, la luchas y la resistencia.
El tercer objetivo es convertir
el espacio público en integrador social y productor de ciudadanía,
con lo cual se están refiriendo básicamente al Metro, o sea,
producir ciudadanos-metro con “cultura Metro” lo cual no es sino
la ideología con la que nos quieren controlar y convertir en seres
obedientes y sumisos, que estén acostumbrados a recibir órdenes por
altoparlantes o de algún uniformado sobre cómo comportarnos y cómo
no comportarnos, porque de lo contrario seremos castigados. También
debemos generar formas de resistencia a ese control represivo.
El cuarto es que la ciudad
crezca hacia adentro y racionalmente, con lo cual quieren decir
implementar la “densificación” (hiperaglomeración) del centro y
el “freno” (represión coactiva) al crecimiento en los bordes. No
sobra decir que el centro quedará destinado a los más ricos y la
periferia, hasta donde ellos digan, para nosotros. No por casualidad
han desplazado a los pobladores de Moravia y han pretendido hacer lo
mismo con La Iguaná y otras comunidades asentadas en zonas centrales
y cercanas al río, porque el río Aburrá y en general toda la zona
baja de la ciudad será destinada a proyectos turísticos, de
negocios y de servicios. Y a vivienda a muy alto precio, para quien
pueda pagarlas. Con la lucha organizada tenemos que decirles bien
claro: esta ciudad también es de nosotras las comunidades, tenemos
derecho a la ciudad, tenemos derecho al centro y a todo el territorio
urbano, sobre todo donde estamos asentadas. No hay mejor forma de
expresarlo que tomándonos las calles y los espacios públicos
centrales.
El quinto objetivo es la
productividad ambiental y sostenible, lo cual remite a la
urbanización gradual de las áreas rurales y al control sobre el
“excesivo fraccionamiento del suelo”, con lo cual se pretende
impedir las actividades económicas campesinas (cultivos de pancoger)
en áreas que se estipulen para otras actividades, por ejemplo el
ecoturismo. Esto ya se está viviendo en los corregimientos como
Santa Elena, que con organización y movilización ha sabido resistir
a los atropellos del “Túnel de Oriente” y el “Parque Arví”,
obras para el beneficio de otros y que nos perjudican en nuestros
territorios, como es también el caso del monorriel de Ayacucho, al
que también hay que resistirle y exigir consulta y planeación
conjunta con las comunidades afectadas.
El sexto objetivo es un sistema
integrado de transporte masivo como nuevo modelo de movilidad, con lo
cual se espera tener un mayor control sobre la ciudadanía y
un monopolio sobre los transportes, expulsando del mercado
laboral a conductores y dueños de autobuses. Nuevos sectores que se
ven afectados por los planes macabros de la burguesía deberán irse
sumando al caudal de luchas urbanas. Los transportadores también
exigen empleo y vida digna!
El séptimo objetivo es
convertir el barrio en la unidad básica “abierta, permeable,
dotada de espacio público, equipamientos y una variada oferta de
actividades complementarias”. Con este objetivo se pretende, por un
lado, que el espacio en el que están los barrios se sume a los
proyectos de intervención urbanística, a expensas de las viviendas
(porque prima el llamado “interés general” -atracción de
inversionistas- sobre el llamado “interés particular” -vida
digna de la población habitante-). Por otra parte, que la gente de
los barrios tenga todo allí, que incluso tenga su actividad
económica informal allí en su casa, y el servicio de salud,
educación y comercio allí en el barrio, con el fin de que no tenga
qué ir al centro, porque el centro es para los grandes negocios
internacionales, no para nosotros que para ellos somos la chusma. No
sabemos si ese objetivo, tan parecido a nuestra bandera de
mejoramiento integral de barrios, vaya a ser cumplido. Pero, en todo
caso, parece ser de doble filo, posiblemente una nueva estrategia de
exclusión, segregación y confinamiento.
El octavo y último objetivo es
contribuir a la equidad y la participación, y una cultura de la
planeación y gestión urbanísitica. Este es el objetivo que nos
remite propiamente al proceso de legitimación, por vía ideológica,
del proyecto de nueva ciudad: que participemos felices y contentos en
la planeación de nuestra propia exclusión y marginación. No nos
dejemos engañar, exijamos participación efectiva y decisoria en
los planes urbanos.
Estos objetivos del POT no
tienen en sí mismos asignación presupuestal, y tampoco un período
de tiempo fijo definido, por lo que su efectiva materialización
depende principalmente de los Planes de Desarrollo Municipales (PDM).
El actual POT, y el proyecto de ciudad que formaliza, ha pasado por
cuatro administraciones municipales (Pérez, Fajardo, Salazar,
Gaviria), que lo han impulsado. Como puede verse, es más que
evidente la estrecha relación entre el POT y el PDM, puesto que, más
que interpretar esos documentos como herramientas de política
pública y financiera construidas democráticamente con participación
de la ciudadanía, me inclino por la interpretación que
magistralmente nos brinda Vilma Liliana Franco en su libro Medellín:
orden, desigualdad, fragilidad: “...más que ser propósito de
un solo gobierno o estar circunscrita al tiempo episódico de la
política, es expresión del nuevo consenso entre los sectores
económica y políticamente dominantes sobre la reorganización del
espacio urbano-regional y la función económica de la ciudad
metropolitana.”
Por supuesto que el actual POT
y el actual PDM no coinciden con el consenso popular, consenso que
debemos construir con base en nuestros Planes de Vida y nuestra
voluntad para unirnos con las comunidades de otros barrios, de otras
comunas y de la ciudad toda, pero además con otros movimientos
sociales, para conformar un verdadero Movimiento Urbano con capacidad
de incidencia en los planes que nos afectan y nos conciernen a todos.
Si todos tenemos estos
elementos claros, entonces no cabrá duda de que hay que unir cada
vez más y más esfuerzos, con cada vez más y más personas de la
ciudad para que juntos podamos incidir sobre la reforma al POT que se
va a realizar el próximo año 2014. Pero además, también sabremos
que ante todo esta debe ser una lucha más entre las muchas que se
han dado, y a la vez una preparación para otras luchas de mayor
envergadura que en el futuro habrá que afrontar, valga decirlo, por
nuestra construcción del próximo Plan de Desarrollo Municipal
(2016-1019) acorde a nuestras necesidades e intereses como pueblo de
Medellín. La Escuela Interbarrial de Desconectados es un proceso
importantísimo que debe continuar generando formación, conciencia
crítica y difusión de todos estos temas, constituyéndose desde ya
en el referente central de la lucha por la dignidad del pueblo de
Medellín.
LUCHANDO UNIDOS...
VENCEREMOS!
PORQUE SI NO LUCHAMOS... NOS
JODEMOS!
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