Por: Corporación Jurídica Libertad
Los campesinos afectados por Hidroituango que ante la intransigencia de la administración departamental se vieron obligados a ocupar pacíficamente con sus familias el coliseo de la Universidad de Antioquia, buscaban desde el pasado mes de agosto retornar a las veredas y playas del cañón del río Cauca para hacer resistencia en el territorio. Pese a ello, el Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo solo mostró voluntad para dialogar demagógicamente con los afectados del megaproyecto hidroeléctrico, el día en que firmó el acta de retorno en el que junto con los alcaldes asumían los compromisos frente al transporte, el alojamiento y la alimentación de las personas. Fueron aproximadamente ocho meses en el que los campesinos acamparon en el coliseo de la U de A, con todas las dificultades y sin recibir ayuda alguna de las instituciones del Estado.
Si los
movimientos sociales están hechos de personas que aun en medio de
las carencias económicas para
la sobrevivencia sueñan, se organizan
y luchan por la vida que quieren, la evaluación de estas acciones no
pueden medirse únicamente por el número de reivindicaciones
materiales logradas. Así fue como el 24 de octubre, día en el que
se realizó una rueda de prensa en el coliseo de la Universidad, los
campesinos expresaban sus valoraciones sobre estos meses de
resistencia, expresando que había en su movimiento las capacidades
analíticas para comprender la problemática afrontada, se logró la
articulación con asociaciones de campesinos de Ituango y las
diferentes organizaciones del refugio humanitario articulados a la
MIA; se logró la solidaridad de diferentes organizaciones de la
ciudad como sindicatos, estudiantes y profesores de la U de A,
algunas personas de las plazas de mercado, todos por quienes fue
posible sobrellevar estos meses; se logró también la difusión a
nivel nacional e internacional del despojo continuado y los
desplazamientos a los que sometieron a las poblaciones de las zonas
de influencia de este megaproyecto, fortalecieron los
liderazgos, se abrieron espacios de discusión de temas que no tenían la posibilidad de
conocer y reflexionar, se fortaleció la cohesión del movimiento y se conformó una gran familia en el coliseo de la U de A.
En la
rueda de prensa los campesinos insistieron en su inconformidad frente a los acuerdos que suscribieron con el gobierno departamental,
porque lo que se logró finalmente no fueron garantías para
compensar las pérdidas, o por lo menos para restablecer sus vidas en
similares condiciones a las que vivían antes de verse afectados por
Hidroituango. Deciden retornar para oxigenarse, replantear
estrategias y exigencias y continuar luchando por lo que consideran
justo, como el respeto por el derecho al trabajo, al territorio y la
alimentación.
La
insatisfacción parte de que las principales ausencias en la
interlocución con el gobierno departamental y
Antes de
terminar la rueda de prensa, los campesinos exigieron que “no se
utilice los medios de comunicación como instrumentos ideológicos de
Estado para producir falsas conciencias y divulgar propaganda
mentirosa, se sabe que aunque estos proyectos van contra nuestra
identidad nos hacen ver irreverentes con un asomo de emancipación,
porque exigimos la argumentación y el debate”.
Un grupo
de 60 personas decidieron quedarse en el coliseo considerando que la única
garantía para retornar a sus territorios es que no se
lleve a cabo la construcción de la represa por la cual fueron
desplazados, pues al no encontrar playas del rio para construir los
ranchos y seguir trabajando, no tienen a donde llegar. Estas personas
quedan bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Medellín pues es
este el lugar escogido por ellos como municipio receptor del
desplazamiento.
El
viernes 25 de octubre se dispusieron las garantías de parte de la
Gobernación de Antioquia y los alcaldes para el retorno de los
campesinos hacia Sabanalarga, Ituango, San Andrés de Cuerquia,
Toledo y Briceño. Entre los acuerdos llegados con el gobierno
departamental está la entrega por tres meses de una ayuda
alimentaria de hasta 50 kilos para las familias más numerosas y
apoyo de $50.000 ó $100.000 para las familias que requieren
alojamiento, el transporte hacia los municipios y el albergue para
todos los retornados la primera noche en las cabeceras urbanas.
Los
campesinos se encaminaron a un retorno sin muchas garantías. Una vez
llegaban a sus municipios se encontraban con todo tipo de
desinformación y descoordinación institucional dando cuenta que en
estos procesos de retorno lo fundamental es llevar a los habitantes
a sus lugares de origen sin la previsión necesaria para el
restablecimiento de condiciones básicas de vida.
El
alojamiento la noche de la llegada tuvo que ser gestionada por los
mismos campesinos donde sus vecinos y parientes. Frente a la entrega
de la ayuda alimentaria la Gobernación de Antioquia, el Dapard y los
municipios, trabajaron aisladamente sobre la base de listados
desactualizados, según los cuales argumentaba un funcionario público
no podía hacer caso de las peticiones de los campesinos, porque lo
único que existe para ellos es lo que está escrito.
Para
familias que llevaban meses lejos de sus medios regulares de
subsistencia, fue un apoyo alimentario insuficiente que no alcanza
para retomar una actividad económica estable, algunas familias de
cinco integrantes tenían que recibir 25 kilos en alimentación
porque solo aparecía en el listado dos de ellos. A familias que
decidieron quedarse en Medellín les llegó la ayuda alimentaria en
el municipio de origen. El Dapard, no actuó conforme al listado de
retornados verificando el municipio receptor y mandó mercados para
unos y otros lugares sin que correspondieran con la realidad de las
familias. Muy sabiamente decía un campesino “desde el desayuno se
sabe lo que va a ser el almuerzo”
En medio
de las dificultades del retorno los baharequeros y campesinos se ven
esperanzados al retornar a sus territorios, ver a su gente y volver a
trabajar en las playas que aun no se han privatizado, más con la
experiencia vivida están seguros que seguirán luchando por lo que
les pertenece.
Cabe
mencionar que entre las múltiples reuniones realizadas (más de 30)
y luego de una acción de tutela, el Ministerio del Interior y la
Unidad Nacional de protección se comprometieron a iniciar un plan de
prevención y protección para la población afectada por
Hidroituango, las cuales desde el retorno, evidenciaron las falencias
de cómo podía generar esas condiciones de protección.
Así
mismo se acordó junto con la Asociación de Campesinos de Ituango
-ASCIT la conformación de una mesa de derechos humanos a través del
Comité interinstitucional de DDHH, que solo sesionó el día que se
instaló en el municipio de Ituango el 10 de septiembre y que a pesar
del asesinato de uno de los lideres, el ataque a través de un
artefacto explosivo de otro y las amenazas de siete profesores del
Municipio de Ituango, no ha sido nuevamente convocado.
La Corporación Jurídica Libertad seguirá verificando el cumplimiento de los acuerdos de parte de las autoridades responsables y continuará apoyando las acciones planeadas por los afectados de Hidroituango en la exigencia de sus derechos fundamentales.
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