Mesa de Desplazados Comuna 8
Mesa de Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8
En el colegio Joaquín Vallejo de la comuna 8 de Medellín nos reunimos aproximadamente 400 personas para llevar a cabo este ejercicio político de participación comunitaria con el objetivo de realizar un encuentro comunidad – institucionalidad – academia para debatir y concretar las implicaciones del proyecto monorriel y la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, en el marco del macroproyecto Cinturón Verde Metropolitano y la revisión y ajuste del POT de Medellín. Por parte de la academia estuvo presente el Instituto Urbam de la Universidad Eafit y por la institucionalidad la gerente del EDU María Margarita Ángel, quien recogió las intervenciones de Planeación Municipal y el DGRED. Sin embargo cuestionamos la ausencia del director del Área Metropolitana, ya que ellos son los verdaderos responsables de la planeación metropolitana.
Otro de los objetivos de la audiencia era ofrecer a la comunidad respuestas concretas de la parte de la Administración frente a su propuesta de monorriel y cómo se venía trabajando frente al tema del riesgo, sin embargo la respuesta del EDU nos deja insatisfechos, pues nuevamente nos exponen el proyecto de Jardín Circunvalar que ya conocemos previamente, sin mostrar específicamente cuales son los avances en la definición de la ruta por donde pasará el monorriel y cuales acciones implementaran en el tema de mitigación del riesgo.
Pareció más bien que la EDU se salió por la tangente y trato de legitimar su proyecto en base a la convocatoria comunitaria que hicimos como organizaciones, pues no conocemos un evento de tal magnitud realizado por la Administración en la comuna 8. Por otra parte quiso dividir a la comunidad planteando que ellos son los que tienen la verdad del proyecto y que existen líderes que están creando zozobra y mal informando a la población.
En esa medida exigimos respeto por parte de la Administración frente a la diferencia, ya que el hecho de que tengamos una visión y una apuesta diferente del proyecto no implica que unos tengan la razón y otros no, y no debe generarse una “satanización” por el otro ni a nivel técnico, ni político. La Alcaldía debe reconocer que tiene un horizonte de actuación de cuatro años y que su plan de desarrollo municipal (PDM) se acaba en el 2015, y por el otro lado las comunidades también tenemos nuestro Plan de Desarrollo Local pensado hasta el 2018 y con una visión del territorio que sobrepasa cualquier PDM, pero además hemos venido construyendo y habitando el territorio desde hace más de 50 años.
Se hace es un llamado a la Administración y a los actores que inciden en el desarrollo y planeación de los territorios, a tener en cuenta los procesos organizados de la comuna 8, los cuales viene trabajando bajo la propuesta “Por el derecho a vivir dignamente en nuestros territorios”, que fue ratificada por la comunidad el pasado 5 de mayo del presente año donde se realizaron unas votaciones populares, una especie de “consulta popular” con un total de 629 participante, donde el 99% de los votantes requieren en la comuna el Mejoramiento Integral de Barrios (Vivienda digna, gestión del riesgo, servicios públicos domiciliarios, vías de acceso, implementación de huertas comunitarias, equipamientos de salud y educación), frente a 2 votos que obtuvo el Monorriel, y esto nos demuestra que no somos unos líderes caprichosos, sino una propuesta construida colectivamente.
EL MONORRIEL
Algunas de las preguntas hechas a la institucionalidad por parte de las organizaciones citantes eran: ¿El proyecto del Monorriel está respetando las directrices del Área Metropolitana en materia de movilidad en las laderas altas de la ciudad de Medellín?, ¿Cuál es el valor estimado del monorriel?, ¿Cuántas personas afectaría el monorriel en la Comuna 8 y cuál sería la solución inmediata de reasentamiento en el territorio? Y ¿Qué tipo de especificaciones técnicas exige nuestra geografía para la construcción de un sistema masivo de transporte como el monorriel? Esto no fue respondido por la Administración.
Como comunidades consideramos que el monorriel no beneficia a la población sino a los turistas, ya que su trazado no obedece a las lógicas de movilidad de la comuna 8. Su primera etapa de 3.2 kilómetros en la comuna 8 con las cuatro estaciones: La Sierra, La Fortaleza, Trece de Noviembre y Golondrinas en poco o nada mejoran la movilidad del territorio; y los restantes 4.3 kilómetros que se realizarán en las próximas administraciones no se saben si se construirán pues dependen de la voluntad política de los alcaldes que vengan, y puede convertirse en un elefante blanco donde terminen ganando las empresas de “movilidad limpia” que se contraten para ejecutar las obras, y no las comunidades, entonces la pregunta es ¿Cuáles serán los accionistas que accederán a estos recursos?
La gran preocupación como comunidades es que todo el trazado por donde se tiene pensado construir el monorriel es por donde precisamente el Acuerdo 46/2006 ó POT de Medellín determina las “zonas de alto riesgo” y bajo este estigma no se ha logrado que nuestras viviendas puedan acceder a un mejoramiento u obtener servicios públicos domiciliarios de manera digna y formal; vaya contradicción de la municipalidad.
Algunas de las objeciones técnicas al monorriel son: que es una estructura pesada de movilidad y su vibración constante al pasar por este territorio en “riesgo” puede ocasionar deslizamientos y movimientos en masa que pueden cobrar muchas vidas humanas. Por otro lado, no se tienen estudios técnicos origen-destino que pongan en evidencia su efectividad y garanticen su sostenibilidad, más allá de un capricho de la Administración, ya que ni el Metro ni el Área Metropolitana, autoridades en temas de movilidad, conocen el proyecto. Además el costo aproximado de una infraestructura de ese estilo podría estar llevándose aproximadamente el 70% de los recursos de inversión proyectados para el Cinturón Verde.
Igualmente la prensa local (Periódico ADN, 11 de octubre) reporto justamente un día antes de la audiencia el titular: “Monorriel no es una necesidad, dicen expertos en movilidad”, donde Iván Sarmiento de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín afirma que: “Es cuestionable porque no ha sido incluido en ningún Plan. Hay que mirarlo con más cuidado y no dejarse llevar por la emoción. (...) Habrá que ver que demuestren lo contrario pero en principio la demanda no es el fuerte”. En segundo lugar, preocupan los aspectos presupuestales ya que la Alcaldía destinó 350 mil millones de pesos para el Tranvía de la 80 y para el monorriel cuando esos dineros ni siquiera están en caja aún.
Para nosotros también es preocupante que el presupuesto asignado en el PDM para invertir en infraestructura de movilidad dentro del macroproyecto Cinturón Verde Metropolitano, entiéndase monorriel, ruta de bicicletas y sendero peatonal sea de 160.500 millones de pesos, ¿será que estas obras son las necesidades más apremiantes de la comuna? O por el contrario deberíamos avanzar en temas elementales como la vivienda, los servicios públicos domiciliarios y la movilidad interbarrial.
La Universidad Eafit nos plantea que han venido estudiando la movilidad en la comuna y que los estudios demuestran que la mayoría de los habitantes hacen uso del sistema de transporte como colectivos y buses, y que deberían mirarse miniestructuras que favorecen la conexión y ubicación de vías y calles alternas entre los barrios que facilitan el desplazamiento tanto de peatón como del vehículo. Y nos pregunta en la Audiencia: Si ustedes tuvieran recursos para invertir en proyectos que respondieran a las dificultades de movilidad, ¿Cuál es la prioridad y en qué concentrarían estos recursos?
En los territorios el tema de movilidad se soluciona construyendo y reinventando una ciudad con base a la reconstrucción del tejido social. Nos preguntamos ¿Qué pasará con las empresas de transporte público que han sido constituidas por los mismos habitantes de la comuna?, ¿Cuánto desempleo generará el monorriel?, ¿Qué pasará con los transportadores, los lavadores, los despachadores y sus familias? y ¿Qué harán con las familias que desalojaran a causa de monorriel y donde los reubicarán?
LA MITIGACIÓN DEL RIESGO
A continuación se presentan las preguntas que fueron planteadas para que fueran respondidas por la institucionalidad: ¿Cómo retomarán los estudios de suelos micro-zonificados en barrios y asentamientos de la parte alta de la Comuna 8?; ¿Qué acciones de mitigación del riesgo se implementaran en los tres polígonos de intervención (Llanaditas, Pan de Azúcar y La Sierra) del Cinturón Verde Metropolitano en la Comuna 8?; ¿Qué presupuesto tiene asignado la Administración Municipal para la mitigación del riesgo según PDM y la política pública para la Gestión del Riesgo al año 2015? Y ¿Cuál es el rubro presupuestal asignado para el año 2014 y en concreto de ese mismo presupuesto ordinario se asignaría para la mitigación del riesgo desde el marco del Cinturón Verde Metropolitano en la Comuna 8?
La mitigación del riesgo es lo más importante y urgente en la comuna 8, sin embargo no encontramos ni un solo peso en el presupuesto aprobado en el Cinturón Verde para este fin, ya que dentro del componente de “recuperación ambiental”, que es donde debería estar contemplado, sólo existen recursos para adecuación de quebradas y parques y diseños de obras por 80.800 millones de pesos. Por otro lado, en el PDM 2012-2015 solamente se tienen destinados 34.800 millones para gestión del riesgo, que realmente es una suma pírrica, a sabiendas de las carencias estructurales que tiene la ciudad en temas de amenaza y riesgo sobre todo en la ladera oriental, en las comunas 1, 3 y 8, y donde por ejemplo sólo en la comuna 8 se encuentran 3.500 viviendas afectadas por algún tipo de riesgo.
La principal necesidad de la comuna 8 es mitigar los riesgos geológicos existentes para garantizar la permanencia de la comunidad en el territorio. En los planes maestros de Cinturón verde en la C8 no conocemos nada sobre mitigación del riesgo, se nos dice que apenas se están en estudios y por eso no se indican acciones concretas, sin embargo preguntamos ¿Por qué si pasa lo mismo con el monorriel, este si tiene un trazado establecido y unos rubros destinados para tal fin?
Llevamos años pidiendo a Planeación Municipal los estudios de riesgos ya realizados de Llanaditas, Golondrinas, El Pacífico, Altos de la Torre, Villatina La Torre, Esfuerzos de Paz 1 y 2 y Unión de Cristo y esta es la hora que no los conocemos, nos mandan de un lugar a otro y no son capaces de invertir en la impresión de dichos estudios para que la comunidad los analice y los pueda estudiar, ¿Será que de alguna forma benefician a la población allí asentada? Necesitamos la socialización de dichos estudios de manera prioritaria para empezar a debatir y proponer alternativas frente al modelo de ocupación de la comuna y cómo y dónde quedaran ubicadas las viviendas.
En la Mesa de trabajo Retos y oportunidades del Cinturón Verde Metropolitano en agosto de 2013 Alejandro Echeverri de Urbam afirmó que siendo Medellín la ciudad paradigmática en Colombia en cuanto al problema del riesgo, no cuenta con información completa sobre el tema y plantea que es fundamental que la Administración defina como acciones prioritarias y fundamentales los temas de gestión del riesgo y considera que debe ser lo primero en cualquier intervención estatal, ya que a partir de allí se pueden plantear otras intervenciones en el territorio.
Igualmente en el 2009, la EDU dentro de su Plan Bordes elaborado dentro del programa del borde articulador plantea la mitigación del riesgo tanto en áreas mitigables como no mitigables, para un área de 70 hectáreas en la comuna 8 que comprenden los barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Liliam, Las Mirlas, Santa Lucía, Las Estancias, San Antonio, Unión de Cristo, Esfuerzos de Paz 1 y 2, Villatina, Villatina-La Torre, La Esperanza, Pinares de Oriente, Trece de Noviembre, Villa Mercedes, Llanaditas, Golondrinas, El Pacífico, Altos de La Torre y El Faro con un presupuesto aproximado de 64.000 millones de pesos.
Es necesario retomar la experiencia PRIMED en la comuna 8, donde la gestión del riesgo es el eje estructurante y fundamental de la intervención, ya que esto permite avanzar en la consolidación de una Vivienda Digna para la población, y permite procesos de titulación y legalización, enmarcado dentro de la propuesta de Mejoramiento Integral de Barrios. Para nosotros la intervención de mitigación del riesgo debe contemplar la cobertura de acueducto y alcantarillado, canalización de aguas lluvias y sucias, muros de contención y rehabilitación, pavimentación de senderos y escalas (el verdadero camino de la vida digna), reforzamiento estructural de las viviendas y construcción de caminos peatonales y barandas para evitar caídas.
PROPONEMOS CONSULTA PREVIA
Las organizaciones convocantes a esta Audiencia exigimos a la Administración Municipal la realización de una Consulta Previa, donde se tome en cuenta el consentimiento de la población en un real ejercicio participativo. En esa medida proponemos unas “Votaciones Populares”, en todos los barrios y asentamientos de las partes altas, como las elecciones que se hacen para el presupuesto participativo, donde haya un tarjetón y la comunidad señale con una X si quieren o no el monorriel, ya que es la comunidad la que tiene que definir su construcción y no los tecnócratas de esta Administración sentados planeando desde sus escritorios. Este ejercicio participativo debe hacerse en la mayor brevedad de tiempo posible y debe contar con veeduría de los entes de control y de organismos internacionales.
Igualmente proponemos que de los $160.000 millones de pesos aprobados para infraestructura de movilidad dentro Cinturón Verde, luego de la consulta previa sean redistribuidos de la siguiente manera: $80.000 millones se destinen para la mitigación del riesgo que es lo que necesitamos en nuestra comuna y los $80.000 millones restantes para la movilidad interbarrial e intersectorial, mejorando la red caminera y la malla vial existente. Igualmente de la venta de UNE se destinen mayores fondos para la gestión del riesgo. Además queremos advertir a la Administración que no nos amenacen que si no queremos el monorriel se lo llevan del territorio, pues que se lo lleven, pero dichos recursos se deben garantizar que se queden en la comuna para mitigación del riesgo.
Desde la comuna 8 nos preguntamos: ¿Ha habido una verdadera concertación? Según el artículo 4º de la ley 388 de 1997, debe haber concertación con las comunidades que puedan ser afectadas por obras urbanísticas; en esa medida ¿Hay constancia de que existe un consentimiento previo e informado de las comunidades afectadas por el proyecto?, ¿Se tienen estudios del impacto ambiental para el desarrollo del monorriel en esta comuna?, ¿Dónde están los estudios de impacto social que deben construirse con los pobladores, relacionando los temas de vivienda, empleo y alimentación, ya que aún no los conocemos?, ¿Se sabe que es lo que van a hacer con las familias que van a desalojar para poder construir las obras?, ¿Dónde está el protocolo de reasentamiento que busque aminorar los impactos por desplazamiento?
Siendo la comuna 8 una de las zonas más receptoras de población desplazada y en el marco de una política nacional que favorece los derechos de las víctimas ¿qué va a pasar con las víctimas que aún no han sido reparadas y que pueden verse desplazadas ahora por el “desarrollo”?, ¿Existe una consulta previa frente a las comunidades étnicas: afrodescendientes e indígenas que habitan estas laderas, tal y como lo exige el convenio 169 de la OIT?
Una solución concertada entre Comunidad y Administración debe consolidarse en la definición de un modelo de ordenamiento territorial y los proyectos estratégicos que lo lleven a cabo y en la definición de los costos de inversión que se utilizarán para las intervenciones en la transformación integral de los barrios, evitando la imposición estatal e impidiendo la violación del derecho a la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones que tengan que ver con el desarrollo de su territorio.
A continuación se presentan las preguntas que fueron planteadas para que fueran respondidas por la institucionalidad: ¿Cómo retomarán los estudios de suelos micro-zonificados en barrios y asentamientos de la parte alta de la Comuna 8?; ¿Qué acciones de mitigación del riesgo se implementaran en los tres polígonos de intervención (Llanaditas, Pan de Azúcar y La Sierra) del Cinturón Verde Metropolitano en la Comuna 8?; ¿Qué presupuesto tiene asignado la Administración Municipal para la mitigación del riesgo según PDM y la política pública para la Gestión del Riesgo al año 2015? Y ¿Cuál es el rubro presupuestal asignado para el año 2014 y en concreto de ese mismo presupuesto ordinario se asignaría para la mitigación del riesgo desde el marco del Cinturón Verde Metropolitano en la Comuna 8?
La mitigación del riesgo es lo más importante y urgente en la comuna 8, sin embargo no encontramos ni un solo peso en el presupuesto aprobado en el Cinturón Verde para este fin, ya que dentro del componente de “recuperación ambiental”, que es donde debería estar contemplado, sólo existen recursos para adecuación de quebradas y parques y diseños de obras por 80.800 millones de pesos. Por otro lado, en el PDM 2012-2015 solamente se tienen destinados 34.800 millones para gestión del riesgo, que realmente es una suma pírrica, a sabiendas de las carencias estructurales que tiene la ciudad en temas de amenaza y riesgo sobre todo en la ladera oriental, en las comunas 1, 3 y 8, y donde por ejemplo sólo en la comuna 8 se encuentran 3.500 viviendas afectadas por algún tipo de riesgo.
La principal necesidad de la comuna 8 es mitigar los riesgos geológicos existentes para garantizar la permanencia de la comunidad en el territorio. En los planes maestros de Cinturón verde en la C8 no conocemos nada sobre mitigación del riesgo, se nos dice que apenas se están en estudios y por eso no se indican acciones concretas, sin embargo preguntamos ¿Por qué si pasa lo mismo con el monorriel, este si tiene un trazado establecido y unos rubros destinados para tal fin?
Llevamos años pidiendo a Planeación Municipal los estudios de riesgos ya realizados de Llanaditas, Golondrinas, El Pacífico, Altos de la Torre, Villatina La Torre, Esfuerzos de Paz 1 y 2 y Unión de Cristo y esta es la hora que no los conocemos, nos mandan de un lugar a otro y no son capaces de invertir en la impresión de dichos estudios para que la comunidad los analice y los pueda estudiar, ¿Será que de alguna forma benefician a la población allí asentada? Necesitamos la socialización de dichos estudios de manera prioritaria para empezar a debatir y proponer alternativas frente al modelo de ocupación de la comuna y cómo y dónde quedaran ubicadas las viviendas.
En la Mesa de trabajo Retos y oportunidades del Cinturón Verde Metropolitano en agosto de 2013 Alejandro Echeverri de Urbam afirmó que siendo Medellín la ciudad paradigmática en Colombia en cuanto al problema del riesgo, no cuenta con información completa sobre el tema y plantea que es fundamental que la Administración defina como acciones prioritarias y fundamentales los temas de gestión del riesgo y considera que debe ser lo primero en cualquier intervención estatal, ya que a partir de allí se pueden plantear otras intervenciones en el territorio.
Igualmente en el 2009, la EDU dentro de su Plan Bordes elaborado dentro del programa del borde articulador plantea la mitigación del riesgo tanto en áreas mitigables como no mitigables, para un área de 70 hectáreas en la comuna 8 que comprenden los barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Liliam, Las Mirlas, Santa Lucía, Las Estancias, San Antonio, Unión de Cristo, Esfuerzos de Paz 1 y 2, Villatina, Villatina-La Torre, La Esperanza, Pinares de Oriente, Trece de Noviembre, Villa Mercedes, Llanaditas, Golondrinas, El Pacífico, Altos de La Torre y El Faro con un presupuesto aproximado de 64.000 millones de pesos.
Es necesario retomar la experiencia PRIMED en la comuna 8, donde la gestión del riesgo es el eje estructurante y fundamental de la intervención, ya que esto permite avanzar en la consolidación de una Vivienda Digna para la población, y permite procesos de titulación y legalización, enmarcado dentro de la propuesta de Mejoramiento Integral de Barrios. Para nosotros la intervención de mitigación del riesgo debe contemplar la cobertura de acueducto y alcantarillado, canalización de aguas lluvias y sucias, muros de contención y rehabilitación, pavimentación de senderos y escalas (el verdadero camino de la vida digna), reforzamiento estructural de las viviendas y construcción de caminos peatonales y barandas para evitar caídas.
PROPONEMOS CONSULTA PREVIA
Las organizaciones convocantes a esta Audiencia exigimos a la Administración Municipal la realización de una Consulta Previa, donde se tome en cuenta el consentimiento de la población en un real ejercicio participativo. En esa medida proponemos unas “Votaciones Populares”, en todos los barrios y asentamientos de las partes altas, como las elecciones que se hacen para el presupuesto participativo, donde haya un tarjetón y la comunidad señale con una X si quieren o no el monorriel, ya que es la comunidad la que tiene que definir su construcción y no los tecnócratas de esta Administración sentados planeando desde sus escritorios. Este ejercicio participativo debe hacerse en la mayor brevedad de tiempo posible y debe contar con veeduría de los entes de control y de organismos internacionales.
Igualmente proponemos que de los $160.000 millones de pesos aprobados para infraestructura de movilidad dentro Cinturón Verde, luego de la consulta previa sean redistribuidos de la siguiente manera: $80.000 millones se destinen para la mitigación del riesgo que es lo que necesitamos en nuestra comuna y los $80.000 millones restantes para la movilidad interbarrial e intersectorial, mejorando la red caminera y la malla vial existente. Igualmente de la venta de UNE se destinen mayores fondos para la gestión del riesgo. Además queremos advertir a la Administración que no nos amenacen que si no queremos el monorriel se lo llevan del territorio, pues que se lo lleven, pero dichos recursos se deben garantizar que se queden en la comuna para mitigación del riesgo.
Desde la comuna 8 nos preguntamos: ¿Ha habido una verdadera concertación? Según el artículo 4º de la ley 388 de 1997, debe haber concertación con las comunidades que puedan ser afectadas por obras urbanísticas; en esa medida ¿Hay constancia de que existe un consentimiento previo e informado de las comunidades afectadas por el proyecto?, ¿Se tienen estudios del impacto ambiental para el desarrollo del monorriel en esta comuna?, ¿Dónde están los estudios de impacto social que deben construirse con los pobladores, relacionando los temas de vivienda, empleo y alimentación, ya que aún no los conocemos?, ¿Se sabe que es lo que van a hacer con las familias que van a desalojar para poder construir las obras?, ¿Dónde está el protocolo de reasentamiento que busque aminorar los impactos por desplazamiento?
Siendo la comuna 8 una de las zonas más receptoras de población desplazada y en el marco de una política nacional que favorece los derechos de las víctimas ¿qué va a pasar con las víctimas que aún no han sido reparadas y que pueden verse desplazadas ahora por el “desarrollo”?, ¿Existe una consulta previa frente a las comunidades étnicas: afrodescendientes e indígenas que habitan estas laderas, tal y como lo exige el convenio 169 de la OIT?
Una solución concertada entre Comunidad y Administración debe consolidarse en la definición de un modelo de ordenamiento territorial y los proyectos estratégicos que lo lleven a cabo y en la definición de los costos de inversión que se utilizarán para las intervenciones en la transformación integral de los barrios, evitando la imposición estatal e impidiendo la violación del derecho a la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones que tengan que ver con el desarrollo de su territorio.
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