Mesa de
Desplazados Comuna 8
Mesa de Vivienda y
Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8
Esta fue una de las conclusiones a las que llegó la “Audiencia Comunitaria:
monorriel y mitigación del riesgo en el marco del ordenamiento territorial de
Medellín” realizada el 12 de octubre de 2013 en el colegio Joaquín Vallejo de
la comuna 8 donde asistieron aproximadamente 400 personas para llevar a cabo
este ejercicio político de participación comunitaria. Luego de escuchar a la
gerente de la EDU por más de 45 minutos hablando sobre el Cinturón Verde, sin
mostrar específicamente cuáles son los avances que tiene la Administración y las
acciones que implementaran en el tema de mitigación del riesgo en la comuna 8,
diferentes líderes y organizaciones comunitarias se pronunciaron frente al
posible despilfarro de dinero que pueda tener la construcción de un monorriel
que no se necesita para la comuna sino más bien para transportar turistas y plantearon
la necesidad de mayor inversión social en la gestión del riesgo, que es la
principal prioridad de este territorio y de esta comunidad.
La gran preocupación como comunidades es que todo el trazado por donde se
tiene pensado construir el monorriel es por donde precisamente el Acuerdo
46/2006 ó POT de Medellín determina las “zonas de alto riesgo” y bajo este
estigma no se ha logrado que nuestras viviendas puedan acceder a un
mejoramiento u obtener servicios públicos domiciliarios de manera digna y formal;
vaya contradicción de la municipalidad.
La
Universidad Eafit nos planteó que han venido estudiando la movilidad en la
comuna y que los estudios demuestran que la mayoría de los habitantes hacen uso
del sistema de transporte como colectivos y buses, y que deberían mirarse
miniestructuras que favorecen la conexión y ubicación de vías y calles alternas
entre los barrios que facilitan el desplazamiento tanto del peatón como del
vehículo. Y nos pregunta en la Audiencia: Si ustedes tuvieran recursos para
invertir en proyectos que respondieran a las dificultades de movilidad, ¿Cuál
es la prioridad y en qué concentrarían estos recursos?
La
mitigación del riesgo es lo más importante y urgente en la comuna 8, sin
embargo no encontramos ni un solo peso en el presupuesto aprobado en el
Cinturón Verde para este fin. Por otro lado, en el PDM 2012-2015 solamente se
tienen destinados 34.800 millones para gestión del riesgo, que realmente es una
suma pírrica, a sabiendas de las carencias estructurales que tiene la ciudad en
temas de amenaza y riesgo sobre todo en la ladera oriental, en las comunas 1, 3
y 8, y donde por ejemplo sólo en la comuna 8 se encuentran 3.500 viviendas
afectadas por algún tipo de riesgo.
Llevamos
años pidiendo a Planeación Municipal los estudios de riesgos ya realizados de
Llanaditas, Golondrinas, El Pacífico, Altos de la Torre, Villatina La Torre,
Esfuerzos de Paz 1 y 2 y Unión de Cristo y esta es la hora que no los
conocemos, nos mandan de un lugar a otro y no son capaces de invertir en la impresión de dichos estudios para que
la comunidad los analice y los pueda estudiar, ¿Será que de alguna forma
benefician a la población allí asentada? Necesitamos la socialización de dichos
estudios de manera prioritaria para empezar a debatir y proponer alternativas
frente al modelo de ocupación de la comuna y cómo y dónde quedaran ubicadas las
viviendas.
Es
necesario retomar la experiencia PRIMED (Programa de Mejoramiento de Barrios
Subnormales de Medellín), realizada en los años 90’s donde la gestión del
riesgo fue el eje estructurante y fundamental de la intervención, ya que esto permite
avanzar en la consolidación de una Vivienda Digna para la población, y permite
procesos de titulación y legalización, enmarcado dentro de la propuesta de
Mejoramiento Integral de Barrios. Para
nosotros la intervención de mitigación del riesgo debe contemplar la
cobertura de acueducto y alcantarillado, canalización de aguas lluvias y
sucias, muros de contención y rehabilitación, pavimentación de senderos y
escalas (el verdadero camino de la vida digna), reforzamiento estructural de
las viviendas y construcción de caminos peatonales y barandas para evitar
caídas.
Es por eso que las organizaciones convocantes a dicha Audiencia exigimos
a la Administración Municipal la realización de una Consulta Previa, donde se
tome en cuenta el consentimiento de la población en un real ejercicio
participativo. En esa medida proponemos unas “Votaciones Populares”, en todos
los barrios y asentamientos de las partes altas, donde haya un tarjetón y la comunidad
señale con una X si quieren o no el monorriel. A lo cual la Administración
respondió que estamos en una democracia representativa y por lo tanto el alcalde tiene unos
proyectos estratégicos que no son negociables, ya que la ciudadanía al
escogerlo deposito su voto de confianza en sus propuestas y por lo tanto no podría
estar haciendo “consultas previas” ante cualquier proyecto.
Queremos
decirle a la Administración que la concertación nos es un regalo que estamos
pidiendo, sino una obligación legal que tiene que cumplir, tal y como lo
plantea el artículo 4 de ley 388 de 1997: “En
ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística,
las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán
fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y
urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones.
(...) Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las
políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos
sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del
territorio municipal (…)”
Proponemos
que de los $160.000 millones de pesos aprobados para infraestructura de
movilidad dentro Cinturón Verde, luego de la consulta previa sean
redistribuidos de la siguiente manera: $80.000 millones se destinen para la
mitigación del riesgo que es lo que necesitamos en nuestra comuna y los $80.000
millones restantes para la movilidad interbarrial e intersectorial, mejorando
la red caminera y la malla vial existente.
Una
solución concertada entre Comunidad y Administración debe consolidarse en la
definición de un modelo de ordenamiento territorial y los proyectos
estratégicos que lo lleven a cabo y en la definición de los costos de inversión que se utilizarán
para las intervenciones en la transformación integral de los barrios, evitando
la imposición estatal e impidiendo la violación del derecho a la participación
efectiva de las comunidades en la toma de decisiones que tengan que ver con el
desarrollo de su territorio.
En esa
medida como comunidades gestionamos 3.000 millones en las “Jornadas de Vida”
para el diseño y la formulación participativa de un programa de Mejoramiento
Integral de Barrios en la parte alta de la comuna 8 y propusimos que de ese
dinero 2.200 millones estuvieran destinados a los estudios técnicos y los 800
millones restantes a la estrategia participativa de construcción con las
comunidades, donde pudiera ser desarrollado bajo el enfoque de la “Construcción
Social del Hábitat” en compañía de la Universidad Nacional y el Plan de Desarrollo
Local Comuna 8 (con gran experiencia en dicho proceso).
Sin
embargo la EDU de manera autoritaria decide que ellos solos elaboraran la
estrategia participativa y que no permitirán ningún otro operador, lo que
demuestra una vez más el poco nivel de concertación de esta Administración, que
demagógicamente dice “construir participativamente” el macroproyecto Cinturón
Verde, pero sólo bajo su enfoque, sin querer escuchar argumentos y
planteamientos diferentes; es decir, “participen, pero guiados bajo mi batuta”,
poniendo obstáculo a una propuesta de construcción alternativa del desarrollo
local, donde de manera autónoma y con la asesoría técnica de la academia nosotros
podamos proponer un modelo de ordenamiento territorial en la comuna 8, en el
que -no nos cansamos de insistir- la prioridad de la planeación y la
intervención en el territorio sea la gestión y mitigación del riesgo.
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