La muerte de Nelson Giraldo y
las amenazas a decenas de afectados por Hidroituango se habrían evitado si
existiera decidida actuación gubernamental
Más
de seis meses llevan esperando los cientos de personas desplazadas por los
desalojos forzados y las actuaciones irregulares de EPM, la fuerza pública y
administraciones municipales, cuya responsabilidad recae en la Gobernación de
Antioquia como accionista mayoritario de Hidroituango; sin embargo, a pesar del
interés manifestado por los delegados de la Gobernación la solución de las
problemáticas está supeditada a las decisiones empresariales y con fines de
lucro que defiende EPM.
En
las mesas de diálogo sostenidas entre Empresas Públicas de Medellín
(EPM), la Gobernación de Antioquia e integrantes del Movimiento Ríos Vivos, son
múltiples las propuestas que ha hecho el Movimiento y NO ha habido soluciones
por parte de las otras entidades para el sin número de afectaciones que ha
generado el megaproyecto más grande de Colombia, sentimos que en gran medida
esto se debe a que EPM determina las decisiones y la Gobernación las acepta sin
cuestionamiento alguno, a pesar de tener más del 52% de las acciones del
Megaproyecto.
