viernes, 13 de mayo de 2011

La Desconexiòn y el Alto costo de los Servicios Públicos Domiciliarios


Ponencia presentada al Foro:
EFECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y LABORALES
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA.
Bogotá, 13 de mayo de 2011.


CONTENIDO:

1.       Introducción

2.       Contexto Nacional

3.       Problemáticas en Antioquia

4.       Caso Medellín

4.1. Consecuencias que genera la desconexión

4.2. Las soluciones al problema de los desconectados es un asunto de voluntad política




INTRODUCCIÓN

En Colombia, la prestación de los SPD (servicios públicos domiciliarios) por parte empresas privadas se da a partir de la ley 142 de 1994, permitiendo la inversión de capital extranjero. El Estado pasa de ser un prestador directo para encargarse de legislar sobre el tema (asesorado por las empresas), y de regular en la materia a través de las Comisiones de Regulación (CRA, CREG y CRT).

Sin embargo todavía existen “empresas públicas” que prestan los SPD, éstas ya más de carácter local, es decir municipal, como EMCALI, EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá), ETB (Empresa de teléfonos de Bogotá), AMB (Acueducto Metropolitano de Bucaramanga), entre otras, y por su puesto EPM (Empresas Públicas de Medellín), una de las 10 empresas más rentables del país.

EPM es pública pero se comporta como una empresa privada, es casi como una multinacional, que solo le interesan las ganancias, sin importar lo que tenga que hacer para lograrlo, incluso desconectar de los SPD a miles de hogares, donde se encuentran los habitantes más pobres de su ciudad natal Medellín.

Esta empresa ha sido acreedor por más de 50 años de varios préstamos por parte del BID (Banco interamericano de Desarrollo), que es casi como una inversión extranjera en nuestro territorio. Entre otras cosas para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello, que venimos pagando los usuarios vía tarifas.




“EPM adquirió participaciones en empresas existentes en Colombia y creó otras nuevas asociándose con capitales públicos y privados, para transformarse en el mayor grupo empresarial de servicios públicos domiciliarios del país.  En el año 2000 la empresa oficializó su condición de grupo empresarial ante las autoridades respectivas, y continuó su proceso de expansión y consolidación”[1].

Su casa matriz es EPM, una empresa de naturaleza estatal, organizada bajo la figura de empresa industrial y comercial del Estado, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio.  Es propiedad del “Municipio de Medellín”, quien la creó en 1955.

Existen 12 empresas en Colombia que integran el “Grupo EPM”: Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ), Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS) y Empresa Electrificadora de Santander (ESSA) en el negocio de energía; UNE Telecomunicaciones y la Fundación EPM. Y en el negocio de Acueducto, Saneamiento y Aseo está conformado por Aguas del Atrato, Aguas de Occidente, Aguas de Oriente, Aguas de Urabá y Empresas Públicas de Oriente[2], que son de carácter sub-regional.

Prestan los SPD a más de 12 millones de personas en Antioquia, Bogotá, el Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander, la Costa Atlántica, el Valle del Cauca y el Departamento del Chocó. Con su servicio de energía atiende a 123 municipios del Antioquia con una población cercana a 5.700,000 habitantes. Con sus servicios de acueducto y alcantarillado, EPM atiende a los 10 municipios del Valle de Aburrá, incluyendo Medellín, con una población aproximada de 3’600,000 habitantes. 

EPM es la mayor empresa de servicios públicos de Colombia, en energía, aguas (acueducto y alcantarillado) y telecomunicaciones. En total posee el 25 por ciento del mercado de distribución, máximo tope regulatorio al que puede llegar cualquier empresa, lo cual le impide aumentar su participación en el mercado colombiano.

Es así como ha decidido abrir fronteras y para el 2015, tiene proyectado que de sus ventas  el 60% se originará en Colombia y el 40% en el exterior. “Invertimos en generación eléctrica en Panamá, participamos en las ventas de energía al Ecuador y ofrecemos servicios de asesoría técnica en diversos países de América Latina. En telecomunicaciones estamos presentes en Colombia, Estados Unidos y España”[3].

En enero de  2011 EPM compró a la firma estadounidense Ashmore Energy International (AEI), el control accionario de dos electrificadoras en Centroamérica, la empresa panameña ENSA y la salvadoreña DELSUR.

“El acuerdo comprende la compraventa de Panamá Distribution Group (PDG) y AEI El Salvador Holdings Ltda. PDG participa con el 51 por ciento de las acciones de Elektra Noreste S.A. (Ensa), segunda distribuidora de Panamá. Mientras, AEI El Salvador Holdings Ltda. controla el 86,41 por ciento de Distribuidora de Electricidad del Sur (Delsur), que es también la segunda empresa del sector en El Salvador”[4].

Con la adquisición de estas empresas recibirá otros 680.000 clientes y “le representarán al Grupo EPM ingresos anuales por unos 657 millones de dólares”[5]. Con la operación, aumenta a tres el número de países centroamericanos en los que tiene presencia.

A finales del 2010, compró la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y Generadores Hidroeléctricos S.A. (GENHIDRO S.A.) del mismo país, por 635 millones de dólares, siendo  la mayor transacción internacional que haya realizado, sumando 900.000 “nuevos clientes”. Así en el servicio de distribución de energía, completa 1'580.000 clientes en Centroamérica que se suman a los 4'000.000 millones que hoy atiende, agrupados en Colombia y Guatemala[6].

El Grupo EPM logró ingresos por $8,4 billones en 2010, en lo que respecta a la utilidad neta esta ascendió a $1,4 billones, con un margen del 17%[7]. “Sus activos totales que fueron por $30,4 billones y del patrimonio que se incrementó en 4% para un total de $18,4 billones. Durante el año anterior la firma se destacó por realizar cuantiosas inversiones en infraestructura de $1,6 billones”[8].

En cuanto a los resultados de EPM Casa Matriz, “el desempeño también fue ascendente ya que alcanzó ingresos operacionales por $4,5 billones con un aumento del 3% frente al 2009. Las utilidades de la Casa Matriz totalizaron $1,4 billones con un margen neto del 33%”[9].

Y a pesar de todas estas cifras tan exorbitantes, mantiene unas altas tarifas en su “Casa Matriz”, ya que es una multinacional, que tiene como meta la consolidación como un excelente prestador  de los SPD en Centro y Suramérica, pero no le interesan sus “clientes” en Medellín, pues no le generan muchas ganancias, incluso actualmente han querido ganar legitimidad internacional llamando a los desconectados como “morosos”, obviando sus responsabilidades como desconectador de dignidad.

Así que en la presente ponencia desarrollaremos la problemática de la desconexión de los SPD debido a las altas tarifas, lo que produce que la gente no pueda pagar porque no tiene con qué, ya que existe mucho desempleo y subempleo. Haremos un pequeño contexto nacional y regional, para luego adentrarnos al caso específico de Medellín, especialmente en las comunas populares.

Antes que todo habría que aclarar: ¿Qué es ser/estar Desconectado?[10] Son aquellas personas, familias o grupos sociales que no cuentan con los SPD de agua, alcantarillado, energía y teléfono, básicamente por dos factores: porque no tienen con qué pagar la cuenta, debido al desempleo o la inestabilidad laboral, o porque el lugar donde viven no pueden conectarse, por estar en zonas de “alto riesgo”. Es una acción violenta contra las familias pobres y vulnerables, realizada por EPM u otra empresa prestadora de los SPD o por el Estado mismo representado en las Alcaldías.

Constituye una violación a los derechos fundamentales de estas familias y se convierte en una problemática social que incluso genera riesgo de muerte, siendo una acción que degrada la calidad de vida de las comunidades y hunde a la personas en un sentimiento de impotencia al sentirse sin oportunidades, estigmatizado, discriminado, humillado e indignado pues sus derechos mínimos para subsistir se han convertido en privilegios, convirtiéndose en una falta de respeto a la dignidad humana.



CONTEXTO NACIONAL



En el país existen aproximadamente 10 millones de colombianos que no tienen acceso al agua potable (el 25% de la población), además de casi 400.000 hogares que no tienen el servicio por falta de pago en las dos principales ciudades del país: Bogotá y Medellín. Lo preocupante es que la cifra puede seguir aumentándo de continuarse con los procesos de privatización.

“El último censo realizado por el Dane señaló que en las áreas urbanas el 91% de la población cuenta con agua apta para el consumo humano, mientras que en las áreas rurales el porcentaje no supera el 66%. Sin embargo, estudios de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la Nación demuestran que, por lo menos en las cabeceras municipales, el acceso real al líquido no supera el 30% y en varias ciudades de la zona andina, Costa Atlántica y Llanos Orientales, el suministro no se da las 24 horas al día.

A esto se suma el tema de la calidad. La Defensoría del Pueblo estima que por lo menos en el 58% de los municipios de Colombia y en 23 ciudades capitales del país el agua suministrada no es apta para el consumo humano.

La prestación del servicio presenta un panorama más desalentador. De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, entre los años 1995 y 2000 se registraron incrementos entre el 38% y el 226% por la facturación del servicio de agua potable en las 18 principales ciudades del país, aumentos que hasta la fecha no han cesado. Prueba de ello es el alto número de desconectados que hoy no cuentan con el vital líquido”[11].

Desde la implementación de la Ley 142 “el manejo de los acueductos de las principales ciudades de la Costa Atlántica y de algunas ciudades del interior, incluida Bogotá, ha pasado a manos de multinacionales como las españolas Suez, Vivendi y Aguas de Barcelona, lo que ha redundado en aumento en las tarifas sin que ello implique una mejora en la cobertura y en la prestación del servicio”[12].

En una gran urbe como Bogotá, de aproximadamente ocho millones de habitantes, casi un millón de personas no pueden consumir agua porque no tienen con qué pagarla. Según Colmenares, “en los últimos seis años unas 236.000 familias bogotanas se han tenido que desconectar del acueducto”[13] por esa razón. Y añade, “a los más pobres las tarifas del servicio les subieron en un 237% y a los que son un poco menos pobres, en un 200%”[14].

Tampoco sorprende que, “en el 2005 –según el Observatorio de Servicios Públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá- el 82% de los encuestados por el Programa “Bogotá, como vamos” se declare afectado por las altas tarifas del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo”[15].

Respecto a la energía, el índice de cobertura nacional es de aproximadamente el 93.6% de las viviendas[16].Y por lo menos 750.000 personas tienen cortados su servicio de energía eléctrica, por falta de pago en todo el territorio nacional.

En la Costa Caribe a partir de febrero de 2008 Electrocosta fue absorbida por Electricaribe de la multinacional española Unión Fenosa. Esta empresa suministra el 20% de la energía nacional que actualmente consume esta región colombiana con 1.460.712 clientes de 186 municipios[17] en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar.

Las tres ciudades más importantes de la Costa Caribe, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta suman aproximadamente 55.000 usuarios a los que les fue cortado el suministro de energía por el no pago, es decir 220.000 personas aproximadamente. [18]

Si en un barrio más del 20% es moroso por falta de pago le cortan la luz (falsos racionamientos por mantenimientos), sin importar la hora, así en la zona existan escuelas, hospitales, comercios o zonas sensibles. Se meten en las viviendas para buscar posibles fraudes con o sin orden de cateo, rompen muros o fachadas de las viviendas o negocios, cortan la luz antes del tiempo de vencimiento de facturas y realizan cambios de acometidas y contadores sin autorización de los dueños de las viviendas[19].

En la ciudad de Bogotá, existen por lo menos unos 21.000 hogares desconectados de la energía, es decir aproximadamente unas 100.000 personas en la ciudad. “Una de las zonas más afectadas por los cortes de luz es el sur, especialmente en el sector de Ciudad Bolívar, por ejemplo, en el barrio El Divino Niño y Minuto de Dios, donde varios hogares aún tienen luz de contrabando y diariamente los técnicos de la empresa de energía descubren líneas piratas que alimentan la electricidad de varias viviendas en una sola cuadra”[20].

Por otra parte, también debemos denunciar toda la presencia multinacional de empresas prestadoras de SPD, que día a día cometen violaciones a los derechos humanos tanto a trabajadores como a la totalidad del pueblo colombiano. Para ello nos referiremos a los casos presentados ante Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Sesión Colombia, en la Audiencia sobre Empresas del sector, ocurrida en Bogotá en marzo de 2008.

En el caso de Unión Fenosa, se le acusó de vulneración de derechos laborales y sindicales y daños graves a territorios de grupos étnicos y campesinos. La empresa Canal Isabel II y su filial METROAGUA, viola los derechos de acceso al agua y a los servicios sanitarios, así como los derechos a la salud y a un nivel de vida humano de la población de Taganga (Magdalena).

A ENDESA se le acusó por violación a los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores. Y sobre el deterioro ambiental que ha generado su filial EMGESA en zonas como las de los ríos Bogotá, Guarinó y otros. Actualmente tiene en proyecto la construcción de la represa El Quimbo en el departamento del Huila.

La empresa Aguas de Barcelona y a su filial Aguas de Cartagena se le acusó por violación a los derechos laborales, sindicales, al medio ambiente y a los derechos de los consumidores. A la empresa TELEFÓNICA se le acusó de beneficiarse abusivamente de la privatización de Telecom y de de vulnerar los derechos de asociación de los trabajadores.

Sin embargo ante este panorama tan devastador, también se encuentran experiencias de resistencia ante la gestión del recurso agua, como son las “empresas comunitarias del agua” el caso ECAAS en Saravena (Arauca) o las redes de acueductos comunitarios y veredales a lo largo y ancho del país, que funcionan a pesar de todas las trabas jurídicas impuestas por la ley 142, que impone demasiados requisitos con el ánimo de ir entregando poco a poco estas pequeños acueductos a grandes empresas como EPM o cualquier otra multinacional.



PROBLEMÁTICAS EN ANTIOQUIA.



Antes 1994 no se hablaba de los “desconectados”, pero al momento de empezar a aplicarse la ley 142 con toda su rigurosidad, en la región empieza a producirse este drama humano, al incrementarse el precio de las tarifas y disminuir los subsidios otorgados por el Estado, poniendo a las comunidades frente al dilema “o comemos o pagamos”.

En todo el departamento se viene presentando una situación crítica por la que tienen que atravesar miles de familias, que hoy en pleno siglo XXI, no poseen o no tienen acceso a los SPD de agua potable y energía eléctrica. Por lo que amerita mayor atención por parte de los entes gubernamentales, y una creciente exigibilidad de sus derechos por parte de los ciudadanos.

En todas las subregiones, existen personas desconectadas de los SPD, algunos casos más emblemáticos, como el de Medellín y el Valle de Aburrá, algunos significativos como el Oriente antioqueño y otros no tan conocidos como el del Urabá.

Es importante destacar los altos niveles de desigualdad en subregiones como “Oriente en acueducto, Suroeste en agua potable, Bajo Cauca y Norte en alcantarillado, Norte en energía y Bajo Cauca en recolección de desechos sólidos”[21].

Para el  caso de la energía, EPM compró en el 2005 a la Empresa de Energía de Antioquia EADE, quedando como único prestador del servicios en toda la región, de allí pasaron a ser nuevos clientes de EPM una cantidad de 563.526 Suscriptores, y a su vez 54.433 desconectados.

Los usuarios desconectados de la energía eléctrica por subregiones en Antioquia[22] a 2008 son los siguientes:

REGIÓN
DESCONECTADOS
Urabá
17.550
Oriente
14.371
Nordeste
5.081
Suroeste
7.021
Occidente
3.271
Norte-Bajo Cauca
12.139



El total de desconectados en las subregiones es de  aproximadamente 59.433 hogares, es decir casi la mitad de los existentes en Antioquia.  En la región del Urabá, el porcentaje de usuarios desconectados de la energía es del 20%, en el Oriente el 8.7%, en el Nordeste de 7.3% y en el Occidente y el Suroeste del 6.1%.

“Una gran parte de los municipios de Urabá, no tiene acceso a la energía, en este sentido, el desarrollo no alcanza a llegar a todos los rincones del territorio. Desde hace unos años, EPM y Eade han tirado redes y tratado de llegar a los puntos más críticos, sin embargo, aún para el primer semestre de 2010, había municipios sin luz”[23].

Frente a esta problemática EPM pretende proveer el servicio de energía a través del prepago, “la meta es instalar el sistema en 3.500 hogares de nueve municipios, al cierre de 2010”. Urabá es la segunda experiencia del programa “Antioquia Iluminada” y “EPM espera continuar con las instalaciones y el ofrecimiento del servicio en los próximos meses en el Norte y el Bajo Cauca. Posteriormente en Nordeste y Occidente, y finalmente, para cubrir todo el departamento, se espera que las subregiones de Oriente y Suroeste también llegue la energía a finales de este año o comienzos del próximo”[24].

En el municipio de Turbo, encontramos el caso de varias familias que no tienen acceso al servicio de agua potable. Por ejemplo en los barrios Pescador I y II, El Mocho y La Playa, que son terrenos de invasión, sus habitantes tienen que comprar el agua en galones. Respecto al servicio de alcantarillado, pues ni que hablar, todas sus aguas negras y lluvias son arrojadas a la ciénaga y posteriormente van al mar.

Por otra parte, en el Oriente antioqueño miles de familias hoy no cuentan con buenos sistemas de acueducto o carecen de la energía, y lo que parece más irónico, tal como lo afirma un campesino es que “de nuestras aguas surge la energía, que nos niegan día a día”. El Oriente es la zona de mayor producción de energía eléctrica en el país, con un porcentaje del 35%, por sus excelentes recursos hídricos.

“El gran patrimonio de la subregión está en sus bosques y en sus ríos, que han dado la posibilidad de instalar grandes embalses e instalaciones de generación hidroeléctrica, con una capacidad instalada de 2.200 MW de energía eléctrica.”[25].

Allí se encuentran los embalses de El Peñol-Guatapé (el más grande Colombia), San Lorenzo, Playas, Santa Rita, Calderas y Punchiná. Además del embalse de la Fe, que surte el 25% del agua para consumo humano de Medellín. Asimismo se encuentran las centrales para transmisión de energía de Guatapé, Playas, Calderas, San Carlos y Jaguas.

Pero también se presenta otra situación, y es la precariedad económica de gran parte de la población para poder pagar la factura; afectando su situación de bienestar al verse obligados a utilizar los pocos ingresos que obtienen en el pago de los servicios o someterse a la desconexión de los mismos, tal como lo señala una habitante de la región: "Muchas familias tienen que dejar que les mochen la luz, porque no tienen con qué pagar, sobre todo, los desplazados que han regresado"[26].

Por su parte entre el Norte y el Nordeste de Antioquia actualmente se concluye la construcción del proyecto hidroeléctrico Porce III, que le aportará 660 MW al Sistema Interconectado Nacional, y se inicia la construcción de Porce IV, con 400 MW que entrarán en vigencia a partir de 2015. 

Adicionalmente en el Norte lejano se adelantará la construcción del proyecto Pescadero Ituango, el desarrollo hidroeléctrico más grande del país, que producirá 2,400 MW a partir de 2018. EPM construirá y operará la Central Hidroeléctrica  ya que “la compañía adquirió la participación accionaria del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y de algunos accionistas minoritarios en EPM Ituango S.A. E.S.P., llegando a tener una participación accionaria directa del 97,1% de las acciones”[27]. El lapso fijado para el manejo del proyecto por parte de EPM es de 51 años[28].



CASO MEDELLÍN



En la ciudad se presentan varias problemáticas relacionadas con los SPD como son: la desconexión, la falta de cobertura, las altas tarifas, la implementación de la energía prepago[29], las “pilas públicas” de energía, la refinanciación de las deudas y el cobro del impuesto al alumbrado público, como consecuencia de la privatización de los servicios por parte del Estado y de las EPM.

En Medellín, a diciembre de 2010 existían más de 40.000 hogares desconectados, que se les corta y/o suspende del agua y de la luz, afectando la dignidad de las familias y vulnerando sus derechos fundamentales.

Se encuentran problemas relacionados con el acceso a los SPD, existen barrios enteros que no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado, así que para suplir esta necesidad, los habitantes han tenido que construir sus propios servicios de manera artesanal, que, aunque con buena intención, no cumplen unos mínimos estándares de calidad y sanidad, el agua que toman no es apta para el consumo humano y no llega en suficiente cantidad; y el alcantarillado corre a cielo abierto desembocando en las quebradas sin ningún tipo de tratamiento previo, produciendo graves afectaciones a la salud pública de las comunidades y del medio ambiente.

El argumento de EPM y la Alcaldía para no prestar los servicios es que se encuentran en zonas de “alto riesgo”, encentrándose en esta situación aproximadamente 30.000 familias. En estos barrios periféricos EPM no presta el servicio de energía de manera regular con un contador individual, por lo tanto se utiliza un sistema llamado “pilas públicas”[30], pero esto genera una mala facturación, pues a los hogares no se les cobra un consumo real sino uno promedio que oscila entre $38.000 y $45.000  mensuales para el estrato 1.

La situación socioeconómica de las familias es muy precaria, un gran porcentaje no tienen un trabajo estable o son mal remuneradas, muchos son desplazados, madres cabeza de hogar y realizan el “recorrido”, que consiste en pedir, casi que mendigar, alimentos en los barrios y plazas de la ciudad.

Las zonas donde mayor desconexión se halla, son aquellas donde habitan las personas más pobres y marginadas de la ciudad. Existe dos factores claves a la hora de entender el problema  de la desconexión, por un lado está el desempleo o los insuficientes ingresos familiares, y por otro el costo del agua y la energía, que supera la capacidad de pago de las familias.

En los barrios populares encontramos niveles de desempleo que oscilan entre el 40% y 50% de la población, muchos se dedican al “rebusque”, las ventas ambulantes, la albañilería, los arreglos eléctricos, el reciclaje y los oficios domésticos. Respecto a las altas tarifas, un buen porcentaje  de los ciudadanos gasta una parte considerable de sus ingresos mínimos en el pago de los servicios, muchas veces dejando de comer adecuadamente.

Consecuencias que genera la desconexión

Cuando una familia se encuentra sin energía puede ser muy peligroso recurrir a alternativas como el uso de velas para iluminar la vivienda, pues está más propenso a un incendio, sobre todo cuando allí habitan niños pequeños y/o las casas son de tablas. Un ejemplo  es la situación cruel que vivió doña Estella en el barrio Paris en el 2007, cuando se quemó la casa con sus dos hijas menores (Susana y Vanessa), por causa de una conflagración provocado por una vela. La familia llevaba seis meses desconectada de los SPD por razones económicas.[31]

Es por ello que el 27 de agosto, día en que murieron las niñas, en Medellín se conmemora el “día de la dignidad y resistencia de los desconectados” en honor a la memoria de estas dos víctimas de la desconexión de la energía.

Lo mismo ocurrió en noviembre del 2009 donde murieron 3 niños en el barrio Santa Rita y en agosto del 2010 donde murió un menor en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Definitivamente la desconexión se convierte en un riesgo de muerte para los niños de los barrios populares, donde en estos últimos 3 años ya ha cobrado seis vidas. Ojalá estas tragedias no se repitan nunca más.

Por otra parte el no contar con un sistema de alcantarillado para tratar las aguas negras y lluvias permite que estas aguas se filtren en la tierra y pueda producir deslizamientos, como el ocurrido en el barrio Villa Turbay de la comuna 8, donde en abril de 2011 murieron 4 personas. Así mismo esto hace que los terrenos se vuelvan inestables, las zonas sean potencialmente de “alto riesgo” y se tenga que desalojar a cientos de familias.

Así mismo la carencia de saneamiento básico, produce enfermedades de tipo alérgico, como sarpullidos y brotes en la piel, o puede ser motivo de pandemia o alteraciones en la salud pública, aumentando plagas, como los zancudos, cucarachas y ratas.

La falta de agua potable tiene implicaciones en la salud de las personas, siendo los niños y las niñas los más perjudicados. Produce enfermedades estomacales, como diarreas e infecciones intestinales. Por otro lado se dificulta el consumo de bebidas, la cocción y la manipulación de alimentos, el aseo de los utensilios de la cocina y asimismo el aseo personal y doméstico. Además alumbrarse con velas o cocinar con leña causa enfermedades respiratorias y de la vista.

Respecto a la salud mental, la desconexión ocasiona preocupación y estrés por las deudas, angustia, mal genio, desconcentración, ganas de llorar, impotencia y deteriora las relaciones familiares. Además “constatamos temores permanentes en la gente por la posible pérdida de sus bienes, como sus precarias viviendas, a raíz de la incapacidad de resolver la deuda”[32].

Asimismo la desconexión causa efectos negativos sobre la educación: sin los servicios públicos básicos se hace imposible que un niño o joven estudie en condiciones aptas, por causa de condiciones inadecuadas en la vivienda, por ejemplo iluminación para desarrollar las tareas escolares, lo cual afecta su rendimiento académico. En algunos casos las familias prefieren no enviar a sus hijos a estudiar en estas condiciones, presentándose así baja asistencia y en muchos casos hasta deserción escolar.

Las soluciones al problema de los desconectados es un asunto de voluntad política

Hay que dar un debate público y aportar a la discusión política con una posición clara: los SPD son derechos fundamentales a los que debe acceder toda la población, sin distinción alguna, amparados en un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, tal como lo plantea la Carta Política y desmontando la idea que tienen las administraciones locales[33] y las empresas prestadoras de que son mercancías y solo consume el que tenga con qué pagarlos, amparados en un modelo de Estado Neoliberal y excluyente.

Las opciones propuestas desde la Administración y las EPM obedecen básicamente a políticas de gestión de mercado, lo cual es motivo de preocupación, ya que obedecen a estrategias que giran en torno a la ganancia y de no perder dinero, todo ello a costa de los pobres, en vez de atacar las causas estructurales del problema.

Las metodologías y estrategias utilizadas hasta ahora como el prepago no son las adecuadas, ni las suficientes; solamente disfrazan el problema y siguen apuntando a que el agua y la energía deben tratarse como mercancías. La mejor solución es entender que estos servicios son un derecho que no se puede mercantilizar, que no se puede privatizar y que no se le puede negar a las personas que no tengan capacidad de pago.

Ningún gobierno se ha dado la pela para remediar el problema, porque solo se soluciona en la medida que haya políticas públicas no sólo en el tema de desconectados, sino de generación de empleo y mejoramiento de los ingresos. Este es un tema de recursos, porque los desconectados no están así porque quieren, sino porque no pueden pagar. También falta voluntad política de la administración municipal para invertir dinero en las zonas de “alto costo”[34], o sea que estamos prácticamente ante un estado de Emergencia Social[35].

“Nosotros, desde el mundo de los desconectados, de los que luchamos por esta causa, tenemos plena certeza que no ha habido voluntad política ni del Alcalde, ni del Concejo Municipal, ni de las EPM para solucionar el problema en este sentido: en un Estado Social de Derecho, debe garantizarse el mínimo vital de agua y energía a las personas que acrediten su incapacidad de pago. Entonces nosotros hemos venido hablando de que debe haber una canasta de consumo doméstico en agua y energía”[36].

Las soluciones pasan más por un asunto de voluntad política que de carácter económico, tal como nos lo demuestran las cifras; si la Alcaldía de Medellín decidiera reconectar a las personas que hoy padecen de la falta de agua y energía por física incapacidad de pago y por su situación de pobreza extrema, esto les costaría al municipio sólo una suma aproximada de 32 mil millones de pesos, lo cual no alcanzaría a representar ni siquiera el 0.5% del total de las ganancias obtenidas por EPM en el año 2010, que fueron del orden de 1,4 billones de pesos y por ende no se daría una situación de quiebra para la entidad[37].

Pero la problemática no acaba allí, después de esta condonación de las deudas a los desconectados de los estratos 1, 2 y 3, se debe empezar la aplicación de una verdadera política del Mínimo Vital de Subsistencia[38] para los servicios de agua potable (que incluye acueducto y alcantarillado) de 5 mt3 por habitante y para el caso de la energía de 40 kw/h al mes, para cada habitante de los estratos 1 y 2. Esto puede costar anualmente una suma aproximada de 150 mil millones de pesos.

Pero si observamos el presupuesto municipal aprobado para el año 2011, que oscila en 3.3 billones de pesos, miramos que es una suma muy mínima, comparado con otros gastos en que ha incurrido la Administración Salazar y el “honorable” Concejo de Medellín, solo por mencionar uno: la aprobación de  400 mil millones de pesos para el proyecto “Autopistas de la Montaña”, donde las obras no se construirán dentro del perímetro del municipio y beneficiará a los grandes grupos económicos del departamento.

Ahora bien frente a los problemas de acceso, la primera medida a tomar es la construcción urgente de sistemas de acueducto y alcantarillados convencionales y no convencionales, dependiendo de las características del suelo; y con subsidios de hasta el 100% para la población vulnerable y desplazada, a su vez del fortalecimiento de los acueductos comunitarios barriales para garantizar el acceso al agua potable y de bajo costo. Para el caso de la energía se necesita lobby político para derogar la reglamentación de la CREG que prohíbe la instalación de contadores en los asentamientos subnormales[39].

Finalmente queda decir a las comunidades y sus organizaciones sociales y populares, que tienen una tarea y es la unión de luchas para la exigencia de sus derechos a los SPD y a una vida digna, a través de la movilización social y la protesta pacífica, para generar presión política y espacio de debate ante las EPM y la Alcaldía, porque no solo se debe denunciar, sino también proponer, para generar cambios y poder transformar la realidad.


“Los derechos humanos no pueden estar a merced del comercio, de la competencia y al fin del monopolio. Tampoco deben ser exclusivos de quienes pueden pagar el derecho a vivir dignamente. La historia nos demuestra que sólo la movilización y la exigencia social han logrado que sean reconocidos constitucionalmente, desde donde se obliga al Estado a proteger, legislar, respetar, garantizar y cumplir con estos derechos sin dicriminación".


[1] En: http://www.somosgrupoepm.com/
[2] Ibíd.
[3] Ibíd.
[4] En: http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/noticias-2010/el-grupo-colombiano-epm-acuerda-la-compra-de-electricas-de-el-salvador-y-panama. Fuente: EFE 18/01/2011
[5] Ibíd.
[7] En: http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2011-03-15/grupo-epm-logro-ingresos-por-84-billones-en-2010_124275.php
[8] Ibíd.
[9] Ibíd.
[10] Este concepto fue construido con base en “la teoría fundada”, que consiste en llegar a la definición de un término no desde una teoría determinada, sino de la práctica misma y de la experiencia propia de cada individuo o colectividad. Para el caso concreto se realizó con los estudiantes de la VI cohorte del diplomado de SPD del Valle de Aburra, donde muchos de sus integrantes son personas que han sufrido y/o están desconectadas y personas de organizaciones sociales.
[11] AGENCIA DE PRENSA IPC. “El  agua busca un espacio en la Constitución como derecho fundamental”. / Martes 10 de junio de 2008.
[12] Ibíd.
[13] SALAZAR, Hernando. “Colombia: piden referendo por el agua”. 25 de marzo de 2008. En: www.bbcmundo.com.
[14] Ibíd.
[15] COLMENARES, Rafael. “El Agua y Bogotá: Un Panorama de Insostenibilidad”. Sin año. En: www.fescol.org.co.
[16] En: www.creg.gov.co.
[18] CASTAÑO, José Alejandro. “Colombia: 650 mil personas tienen la luz cortada porque no pueden pagar las facturas”. En: El Tiempo, 11 de diciembre de 2006.
[20] CASTAÑO, José Alejandro. Op, Cit. 2006.
[21] GIRALDO, Jorge. “Alianza de Antioquia por la Equidad”. 2006.
[22] Respuesta al derecho de petición presentado ante las EPM, con radicado 8140-01418042 de febrero 18 de 2008.
[23] “Luz para el Urabá”. En: http://www.afinidadelectrica.com.ar/noticias.php?Id=1720. 11/07/2010
[24] Ibíd.
[25] TREJOS, William, delegado de Sintraisa. En: Acta Foro Energético del Oriente Antioqueño.  Por el derecho a los servicios públicos. 24 de Septiembre de 2007. Coliseo Mario Giraldo, municipio de Santuario.
[26] Gloria Ramírez, municipio de Granada.
[27] En: http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=2712. Lunes, 18 de Abril de 2011
[28] En: http://rse.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2010-10-28/epm-construira-y-operara-la-central-hidroelectrica-ituango_113980.php. Publicado: 28.10.2010
[29] Hasta el año 2009 la cifra de viviendas en prepago oscila las 37.000 familias.
[30] Pila pública es un contador que se coloca en los postes y distribuye energía a 15 o 20 viviendas aproximadamente.
[31] En: video documental “Esto tiene que cambiar”. 2008. Fuente: www.youtube.com
[32] RED DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. “Desconexión: Miseria y Exclusión”. Medellín. 2008.
[33] En respuesta a derecho de petición, con el radicado 02662347 del 23 de mayo de 2008, el alcalde Alonso Salazar, afirma: “los SPD tienen una clara naturaleza económica, no gratuita” y manifiesta que los SPD no son un derecho fundamental, esto preocupa en la medida que con esta visión es muy difícil lograr una solución real al problema de la desconexión en la ciudad.
[34] Argumentamos que son zonas de alto costo y no de alto riesgo, debido a que los estudios geotécnicos y de suelos muy claramente expresan que están zonas se han venido deteriorando precisamente por la falta de inversión en sistemas de acueducto y alcantarillado, que son las causas que generan el mayor riesgo en estos territorios.
[35] La Emergencia social es una figura política que permite que un Estado tome medidas urgentes para subsanar ese problema y que destine recursos económicos para su pronta solución antes de agravarse más la situación, la cuestión hoy en día es que el término se “vulgarizo”, cuando se declaro la “emergencia social” con el sistema de salud, que en vez de atacar el problema, genero medidas de corte en lo presupuestal y en fin, de restricciones a los derechos de los ciudadanos.
[36] GUZMÁN, Sergio. En: Programa de Televisión realizado por el ITM: “El Medellín no contado”. Abril 5 de 2008. Telemedellín.
[37] Argumento utilizado por los abogados de EPM y ratificado por algunos jueces de la ciudad, para negar la condonación de deudas.
[38] Decimos verdadera ya que la actual solamente se aprobó para 45.000 familias, donde hasta el 2010 solo iban beneficiadas 30.000 y con un factor totalmente EXCLUYENTE pues un requisito para acceder a este subsidio es no estar en situación de desconexión, entiéndase todo esto como  focalización de la pobreza.
[39] Esto es posible, si EPM lo logró para la instalación de medidores prepago, ¿por qué no hacerlo con medidores pos-pago?

1 comentario:

  1. Es muy interesante y valiente lo que se hace desde esta mesa interbarrial de desconectados, me gustaría poder participar en su lucha CARLOSTEC53@GMAIL.COM

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