jueves, 5 de mayo de 2011

Problemáticas de la Vivienda en los Sectores Populares de Medellín

Informe a la Opinión Pública

                     “No solo estamos desconectados de los servicios públicos domiciliarios,                                  también estamos desconectados de la vivienda, y  desconectados del derecho al territorio”


CONTENIDO:
TODOS TENEMOS DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 

DESALOJOS Y REUBICACIONES 
El invierno 
Proyectos de Intervención Urbanística  
Las soluciones son “pañitos de agua tibia” 
Consecuencias
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN ALGUNOS BARRIOS?
TODAS LAS COMUNIDADES A DEFENDER NUESTROS TERRITORIOS






TODOS TENEMOS DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.


La Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín ha decidido denunciar la situación por la que se encuentran miles de familias en la ciudad que no pueden acceder al derecho a una vivienda digna, ya sea porque son desalojados para la construcción de nuevas obras de infraestructura o por la falta de atención e inversión en ciertas zonas, que se ven siempre afectadas y ahora con más rigor por la época de lluvias.

Para desalojarnos nos ilusionan diciendo que nos van a ayudar a conseguir una vivienda, pero eso sí, con un ahorro programático; o pagándonos sumas irrisorias por las viviendas demolidas, dinero que no alcanza para adquirir otra vivienda. Lo peor es que muchos están cayendo en esa trampa por no tener unos conocimientos suficientes de las implicaciones que traen las reubicaciones.

Lo que preocupa es que esta táctica de la administración Municipal sigue adelante y muy fortalecida, principalmente en partes altas de las comunas 1, 3 y 8, donde se ubican las zonas de “Mejoramiento Integral”. O en las partes centrales de la ciudad, donde muchos ranchos están afeando el urbanismo (su nuevo modelo de ciudad) y espantando los turistas.

Y esto no es un invento local, hace parte de toda una estrategia neoliberal que ya se ha aplicado en otros países suramericanos, tal como lo plantea Zibechi: “Con ello se buscaba un doble objetivo: eliminar las distorsiones que los asentamientos creaban sobre el valor del suelo en los sectores centrales y consolidar la segregación espacial de las clases sociales como medida de seguridad”[1].

En Medellín está sucediendo especialmente con los PUI (Planes Urbanos Integrales) y algunos “planes parciales”, por ejemplo el caso de Moravia, un sector céntrico de la ciudad, donde muy cerca se instala el complejo educativo-tecnológico de la ciudad y por lo tanto tuvieron que ser desplazadas aproximadamente 40.000 personas (10.000 familias) en su mayoría hacia la periferia, en la zona de Pajarito.

Así mismo queremos poner de presente la situación de hacinamiento crítico y precariedad en la calidad de las viviendas en las que estamos viviendo los habitantes de los sectores populares de la ciudad, porque así estamos más propensos a cualquier tipo de accidente o desastre.

En la ciudad existe un déficit de por lo menos 40.000 viviendas en los estratos 1, 2 y 3, es decir las clases más desfavorecidas. Además existen 150.000 habitantes (en su mayoría desplazados por la violencia o empobrecidos) que viven en asentamientos subnormales, ubicados en “zonas de alto riesgo”, y sin los servicios de agua potable y alcantarillado. Además de no poseer escrituras legales de sus territorios por ser resultado de invasiones o loteos piratas.

Mientras tanto, en estos momentos está quieto el tema de subsidios de vivienda. El gobierno nacional dice que hasta que no se adjudiquen las convocatorias del 2007 no se hacen otras nuevas. El municipio solo ayuda al subsidio de vivienda cuando se tiene  el subsidio nacional y tampoco hay nuevas convocatorias porque están en cierre de periodo, o sea que habría que esperar al nuevo alcalde a ver con qué va a salir. Así mismo actualmente no existen obras de construcción de viviendas nuevas, porque dicen que no hay donde construir.

A pesar de este drama el gobierno local sigue insistiendo en la construcción de CAI periféricos, con el objetivo de controlar las posibles nuevas invasiones de predios. Por ejemplo en los barrios La Avanzada, Bello Oriente, La Cruz, La Sierra, entre otros. Todos ubicados en “zonas de riesgo”, lo que nos demuestra nuevamente que todos los terrenos son recuperables pero dependen de una variable económica.

Los magos de las administraciones tienen un plan montado y a nosotros nos han engañado porque no hemos logrado leer y conocer a fondo ese plan. Ellos nos han convocado a una supuesta participación pero sin garantías, nosotros participamos en reuniones, debatimos y definimos, pero resulta que nuestra posición no es vinculante, se vuelve más una recomendación a la Alcaldía.

Aunque debemos participar en la planeación, es necesario tener la claridad y saber, que allí nosotros no vamos a tener una injerencia directa, y en el debate nuestra posición no va a ser tan decisiva porque ellos ya lo tienen casi todo cuadrado. El plan que desarrolla la administración es totalmente distinto al que nosotros construimos en los barrios y las comunas, y ahí está el engaño.

Realmente hoy nosotros no podemos decidir, en estos momentos tenemos que seguir construyendo y fortaleciendo la organización comunitaria y esa es nuestra principal tarea. Lo que hay que hacer es reunirnos en los barrios, mirar cuáles son los terrenos que se están demoliendo y a ver si recogemos los datos de los compañeros que sacaron y preguntarles si quieren volver y cómo los vamos a reubicar, y a los que no los han sacado, decirles que no vamos a dejar que los desalojen, que no vamos a permitir que nos echen a la calle cuando ya no podamos pagar arriendo. Hay que reunirnos con las comunidades y decirles que no nos podemos dejar engañar.


DESALOJOS Y REUBICACIONES.


El invierno

Hay muchas viviendas en riesgo de desalojo por el problema del invierno, y la solución por parte de la Alcaldía son los arriendos temporales, pero como es tan poquito el tiempo que ofrecen, la gente no se quiere salir de sus viviendas. Estamos ante un dilema, pues si nos vamos, prácticamente quedamos en la calle y sin soluciones reales por parte del gobierno; pero si nos quedamos corremos el riesgo de morir tapados por los deslizamientos de tierra.

Si nos van a sacar tienen que tener dónde ubicarnos, cómo nos vamos a salir a la calle con los niños a aguantar frio, a mojarnos y sin tener donde vivir, tal como afirma una habitante: “Si me dan el techo para vivir con mis niños me muevo, del resto no”.

Estos procesos de reubicación deben corresponder a la voluntad de las familias, tanto con la intención expresa de salir de sus viviendas, como por aceptar el lugar donde luego serán reubicadas y las condiciones a las que tendrán que someterse.

En el tema de atención de riesgos, primero el SIMPAD llena la ficha y ordena una evacuación definitiva o temporal. Si es temporal da unas órdenes de mejoramiento de la vivienda, de ahí lo remite al ISVIMED a ver si se le otorga el subsidio de vivienda, pero esos subsidios los dan de acuerdo al POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que es el que ha estipulado en qué zonas se van a hacer esos mejoramientos.

O sea que si un sector no está incluido en ese plan se le niega el mejoramiento. Lo que pasa es que precisamente en las zonas donde no se ha hecho una inversión suficiente para la recuperación de suelos u obras de mitigación de riesgos, es donde a la gente la están desalojando.

Cuando hay una evacuación definitiva, prácticamente no hacen nada, lo único que le están otorgando a la gente es tres meses de arriendo temporal. Ayuda Humanitaria por medio del ISVIMED en algunos casos ha prorrogado esos arriendos temporales, pero no tienen un marco normativo que diga a qué personas se les prorroga o a quienes no.

Las personas que no se quieran salir de su vivienda, igualmente deben hacerse inscribir en el censo de damnificados para posteriormente recibir ayudas, como la postulación a un subsidio de vivienda. Aunque el ideal no es un subsidio, sino una vivienda digna donde se pueda alojar toda la familia.

El Estado debería garantizar reubicar dignamente a las personas que están en zonas de alto riesgo, y a los damnificados se les debe brindar posibilidades de vivienda definitiva y sin costo alguno.


Proyectos de intervención urbanística

También están los casos de desalojos de viviendas para la construcción de macroproyectos, cuyos casos más simbólicos son los del Parque Bicentenario, La Iguaná y Altos de la Virgen. Esto se plantea hoy como un “desplazamiento forzado legal”. La Administración está llegando a las comunidades con proyectos de intervención urbanística, aparentemente interesantes pero muy maquillados.

En el barrio Caicedo-La Toma, en inmediaciones a Boston, centro de la ciudad, la Alcaldía junto con el EDU decidió construir el “Parque Bicentenario” que como estandarte tiene una pantalla de agua.  Para ello tuvieron que desalojar a más de 100 familias de la zona, muchas de ellas a la fuerza y con el ESMAD a bordo y todas las violaciones a los Derechos Humanos que nos podamos imaginar.

Según los habitantes, el metro cuadrado se los estaban pagando a $350.000 pesos máximo, cuando a pocas cuadras de ahí, se está vendiendo a más de 1 millón. Como dice el dicho les estaban pagando su casita a “precio de huevo” y cometiendo una serie de irregularidades jurídicas. Lo que no entendemos es cómo son capaces de comprar una pantalla de agua valorada en más de 2.000 millones de pesos y a la par, pagándosele sumas irrisorias a la comunidad. Eso es injusto.

Así mismo, a mediados de mayo desalojaron y demolieron cerca de 35 viviendas y talleres entre las carreras 70 y 75, en el barrio La Iguaná. Uno de los argumentos de la Administración es el riesgo que corren las familias por la cercanía de la quebrada del mismo nombre; pero lo que está de fondo es la construcción de la conexión vial Aburra-Río Cauca, es decir una carretera que se conectará con el túnel de Occidente y la carretera al mar. Entonces aprovechan esta oportunidad de la ola invernal, para desalojar a esta comunidad y quedar bien parados ante la comunidad nacional e internacional.

Algunos de los habitantes no permitieron el desalojo en un principio pues consideraban que no tenían las garantías necesarias para abandonar su terruño. Luego, algunas familias “negociaron” y fueron ubicadas en un albergue temporal en el barrio Prado y otras se auto albergaron en casas de familiares o amigos.

Entre los habitantes del sector aún hay mucha confusión frente al desalojo y lo único que esperan es que les cumplan con una nueva vivienda, ya que como dice un habitante: “A nosotros ya nos engañaron, hace dos años nos hicieron desalojar, qué hicieron, no fueron capaz de cumplir con una palabra seria”.

Lo mismo está sucediendo en el barrio Palermo de la comuna 4 en cercanías al río Medellín, donde están en proceso de desalojo por lo menos unas 50 familias. La cuestión es que la Administración ya tenía dentro de sus planes estos desalojos, pero aprovechan esta excusa para no perder  legitimidad ante la opinión pública por estas actuaciones.

La política del municipio viene diciendo que a nosotros como asentamientos nos van a dar una mejor vivienda, pero en estos momentos la Alcaldía no tiene terrenos disponibles ni las viviendas construidas, entonces nos sacan de los ranchos y casas, nos meten al programa de arriendo temporal por unos meses y después supuestamente, nos darían las viviendas.

Las soluciones son “pañitos de agua tibia”

El arriendo temporal que se les otorga a las familias damnificadas por el invierno o desalojadas para la construcción de obras de infraestructura sólo cubre el valor de $200.000 mensuales y no los servicios públicos, entonces ya hay gente de la que sacaron que quieren volver a coger su invasión porque no tienen con qué pagar los servicios y ya no aguantan más.

Son demasiados los requisitos que una familia debe llevar para acceder al arriendo y muchos no encuentran una casa por ese precio tal y como ellos la exigen. Además cuando una familia se deja cortar los servicios por falta de pago, inmediatamente pierde el subsidio de arrendamiento.

¿Por qué el municipio en vez de pagar este arriendo, no los reubica de una vez por todas? El dinero que está invirtiendo para tal fin, debería destinarse al pago de la vivienda nueva, e incluso le saldría más económico al municipio y menos traumático para las familias.

Pero la administración prefiere pagarle meses de arriendo a una familia con tal de moverla de los asentamientos, hasta que se canse de vivir esa situación y decida irse para otro lado. Si el Estado va a ser cualquier intervención o desaloja por riesgo a una familia, tiene la obligación de reubicarlos de manera definitiva.

Pero la cosa no es tan sencilla, también existen otro problemas con algunas reubicaciones  que ya se han hecho en la ciudad: por ejemplo, si estábamos en un estrato 1 y nos pasan a uno más alto, ¿qué va a pasar? vamos a tener unos servicios e impuesto predial más caros, y es obvio que los recursos económicos con que hoy una familia de estrato 1 subsiste, luego no le podrá a alcanzar, por lo tanto la problemática se va a agravar.

Otras veces lo dejan en el mismo barrio (reasentamiento), pero ahí mismo le suben el estrato al sector, por ejemplo lo que quieren hacer en La Cruz. La idea es pelearnos de que por lo menos durante 10 años no suban el estrato, mientras no superemos las dificultades socioeconómicas por las que hoy atravesamos.

¿Cómo pretenden que una familia se adapte a ese cambio de subir de estrato cuando más del 50% de la población es desempleada? Una persona desplazada o vulnerable no tiene con qué pagar la vivienda nueva ni los servicios públicos, pues no tiene empleo, o vive del empleo informal o el rebusque y sólo de alcanza para subsistir.

¿Cómo van a pretender decirnos la EDU y la Alcaldía que nos van a hacer un favor al hacernos los apartamentos cuando nosotros no tenemos para mantenerlos? A la par con esos proyectos debería tenerse una política de empleo concreta a corto, mediano y largo plazo, de lo contrario todos estos proyectos van a ser un fracaso y no serán sostenibles.

Para que las familias puedan mantenerse donde los reubican, deben por lo menos tener un salario mínimo de ingresos, y sabemos que muchos subsisten con $200.000 o $300.000 mensuales, y tienen que recurrir al recorrido para buscar algo de comida. Hay que tener en cuenta que a las familias las pueden engañar muy fácil porque juegan con su sueño, que es tener una vivienda digna.

Consecuencias

En la mayoría de casos de reubicaciones y desalojos en América Latina “Los erradicados perdieron empleos, aumentaron sus costos de transportes, tuvieron mayores problemas aún para acceder a la educación, la salud y los subsidios sociales”[2]. Realidad a la que no escapa Medellín.

Por ejemplo en el barrio Moravia un factor determinante de la economía familiar era el reciclaje, los habitantes ya no pueden desempeñarse en esta labor porque se encuentran muy lejos de los sitios de acopio y ahora les queda muy difícil, ya que Pajarito queda muy alejado de la ciudad, lo cual demuestra que con estos procedimientos se producen consecuencias económicas negativas.

Además “los negocios en casa”, las ventas de cacharrería, tiendas, legumbrerías, entre otros, van a perderse porque los van a trasladar a un tercer o cuarto piso y no pueden colocar sus negocios allí, entonces tienen que arrendar un local y esto les resulta muy costoso, generando más desocupación en la población.

También se han presentado fallas en muchas de las reubicaciones, por ejemplo a los habitantes del barrio Nuevo Amanecer del corregimiento de Altavista, antigua “Mano de Dios”, a los cuales les entregaron unas viviendas en muy malas condiciones y una pésima calidad, tal como dicen sus habitantes “al principio llovía más a adentro que por fuera”, las casas se empezaron a agrietar y no les hicieron ni el parque infantil, ni la caseta comunal y tampoco pavimentaron la entrada del barrio que les habían prometido la firma constructora encargada.

Hoy en día ellos ganaron una Acción Popular para que les resuelvan su problema de habitabilidad, pero hasta ahora poco se han visto los cambios, pues la administración municipal no le ha dado cumplimiento a este fallo.

Estos reasentamientos hacen que la población pierda sus lazos de solidaridad y hermandad con sus vecinos, incluso rompe el tejido social organizativo, en barrios de alta tradición reivindicativa, como por ejemplo La Cruz, La Iguaná, Santo Domingo o Vallejuelos.

Por ejemplo los antiguos habitantes de Vallejuelos, que hoy en día la mayoría están ubicados en las torres del barrio Miradores de Calasanz. Anteriormente dieron mucha resistencia frente a cualquier desalojo y lucharon por los equipamientos para su territorio, y hoy encontramos debilitada la organización social de la comunidad que se volvió más individualista. Como dicen muchos “cada uno se encerró en su apartamento sin importar lo que le pase al vecino”.

Pronto veremos a gran parte de los antiguos asentamientos convertidos en los nuevos edificios donde se aglomera la pobreza del siglo XXI disfrazada de modernidad, ya que el hecho de tener una vivienda medio estable no significa que la familia esté comiendo bien y haya superado la pobreza; en cambio la situación puede empeorarse ya que adquieren deudas por la vivienda, lo cual nunca permitirá “el progreso” que se buscaba. Esos edificios son la fachada para ocultar la exclusión social.

Existe una dificultad constante que tiene que ver con los nuevos gastos que deben contemplar los hogares reasentados, en especial, se han generado problemas en lo que tiene que ver con el pago de impuesto predial y servicios públicos domiciliarios; además se tiene una preocupación constante por la pérdida de sus viviendas dado el no pago de la cuotas por la nueva casa, ya que muchos no tienen con qué.


También es importante analizar los posibles cambios que puedan generar estas reubicaciones, ya que al poner a convivir a habitantes de diferentes sectores de la ciudad, cada uno con su particularidad frente al conflicto armado, puede generar problemas mucho mayores ya que las bandas delincuenciales van a querer dominar “su nuevo territorio”, produciendo posibles enfrentamientos y como siempre la más afectada será la población civil.

Un caso que va a ser relevante en un futuro no muy lejano va a ser en Pajarito, donde están asentando población de Moravia, la nororiental, noroccidental e incluso de la comuna 13, que en algún momento dado va a convertirse en una bomba de tiempo.

Así mismo respaldamos nuestro análisis en lo que ha venido planteándose desde la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional sede Medellín: “Se advierte sobre la necesidad de que los reasentamientos sean programas más integrales y continuos, para mitigar estas problemáticas y para evitar que las personas reasentadas se desplacen nuevamente y hagan ocupaciones no adecuadas del suelo”[3].

Indican que “aunque es indiscutible que con la política pública de vivienda para los más vulnerables se tiene una mejora sustancial (…) aún faltan puntos por mejorar como la valoración del patrimonio, la asequibilidad, la capacidad de sostenimiento económico y, no menos importante, los canales de reclamación a condiciones justas y los instrumentos jurídicos que hagan posible estas reclamaciones”[4].





¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN ALGUNOS BARRIOS?




COMUNA 1:

Hay muchos damnificados debido al invierno, por ejemplo en la carrera 48 con calle 125 del barrio El Trompo hay aproximadamente 15 casas que están en alto riesgo y tendrán que desalojar. En el sector La Base por Cañada Negra, a un lado de la Escuela Baldomero, se quemaron 11 viviendas. Tiempo después, ocurrió un deslizamiento en el barrio Granizal donde murió una señora y hubo más de 50 familias damnificadas que tuvieron que desalojar.

Barrio Santa Cecilia Nº 1:


Al barrio llegan los del Simpad y dicen que tienen que desocupar, pero varias personas no quieren irse de las casas porque no hay seguridad, “de que nos sirve que nos den 3 meses de arriendo y después para dónde pegamos”. Ya que la persona retirada de la vivienda no puede volver a construir, entonces les tumban las casas y la gente queda en la calle. Nosotros tenemos que obligar al gobierno a que cumpla con lo que nos pertenece, reclamando justicia.

El jueves santo se cayeron 8 casas, debido a los alcantarillados deficientes que permite que se filtren las aguas en la tierra. Así mismo, hay viviendas semidestruidas por el invierno, este mes una quebrada se salió del cauce y pasó por encima de las casas, muchos tendrán que salir de sus viviendas, y otros ya no están amaneciendo allí.



COMUNA 3:

Barrio La Cruz:


Sucede que habían casas avaluados entre 7 y 13 millones de pesos y llegaba un impuesto predial alto, en este momento y después de que se abrió la alarma de que el EDU iba a construir unas torres de edificios y que iban a desalojar, ya las mismas casas pasaron a valer 2 ó 3 millones y así se bajó el valor del impuesto predial; al principio la gente contenta, pero después se dio cuenta que con ese avalúo, la Alcaldía iba a pagar los predios de las personas que iban a ser reubicadas.

Muchos han tenido que vender a cualquier precio. A una vecina le llegó un papel donde decía que ese terreno lo necesitaban, la casa que le costó hacerla 8 millones,  se la avaluaron en 2 millones. Prácticamente le desvalorizan la vivienda para comprarla más barata.  El otro argumento es el desalojo de viviendas que dicen que están en zonas de alto riesgo, y todos sabemos que son zonas de alto costo. Lo que no entendemos es cómo van a construir edificios de 7 pisos cuando dicen que es de alto riesgo. Será zona de riesgo para nosotros pero no para hacer un CAI y edificios. Entonces lo que vemos es que sí hay plata pero para esas cosas, pero no para lo que las personas verdaderamente necesitan.

En La Cruz hay muchas familias que se las llevan engañadas para otros barrios con un arrendamiento por tres meses, se pierde el contacto con ellos, y no sabemos qué está pasando, si están recibiendo las ayudas o no. Es importante hacer visibles las problemáticas para que no sigan haciendo con la comunidad lo que ellos quieran. Cómo es que a uno le van a tumbar la casa y lo van a dejar sin vivienda.

Otro problema que tenemos es la falta de alcantarillado por la carrera 25. Por el sector, el agua se derrama hacia el caserío y tenemos miedo de que ocurra un derrumbe. Hay riesgo de que la fuerza de estas aguas se lleve todo el sector. Necesitamos urgentemente el alcantarillado que lo venimos pidiendo desde el 2008 y nos dijeron que el año pasado nos lo iban a colocar y nos engañaron, ya no hay ni esperanzas porque ya no dan ni respuesta.

Los mejoramientos de vivienda que se están otorgando con el PUI son a las casas que construyó la Fundación Berta Martínez. A otras se les pide para mejorar la vivienda, un millón de pesos o $600.000, que no los hay, porque si la persona los tuviera ya se los hubiera metido a la casa.



COMUNA 5

Barrio La Candelaria


El municipio de Medellín está reubicando algunas personas, hace un año desalojaron a la gente, demolieron las casas y dejaron los escombros más de 8 meses, algunos de esos desechos que fueron vivienda, se los llevaron hace 3 meses, pero otros todavía permanecen allí. Las casas fueron derrumbadas pero las obras están paradas, los que viven cerquita se les está llenando de humedad las viviendas, especialmente las paredes y los colchones se están pudriendo, hay muchos moscas que pueden producir epidemias.





COMUNA 8:

Barrio Esfuerzos de Paz 1:


Allá le dijimos a la gente, usted se va a quedar o quiere irse a pagar arriendo, para saber con quiénes estamos contando, para saber qué hacer con las familias y estarnos comunicando frecuentemente sobre lo que está pasando. Se cree que por el barrio va a pasar un Metrocable y van a construir una estación.

Les ha llegado la carta de desalojo a varias viviendas, porque allí quieren ubicar un parque recreativo, y sacar todas las viviendas para arborizar el terreno. Además, quieren construir una carretera que comunique a Esfuerzos de Paz con el barrio La Sierra y que este se comunique con el corregimiento de Santa Elena. ¿Entonces los que vivimos ahí (más de mil personas) donde vamos a quedar?



Barrio Altos de la Torre (parte baja):


Queda del sitio conocido como “El Pontón” para arriba en cercanías al barrio 13 de noviembre. Prácticamente se vive la miseria absoluta, vimos una señora limpiando a una niña, porque no había ni agua para bañarla. No tienen vías de acceso, no entendemos cómo hacen para subir hasta los ranchos. Muchas de las familias viven en una sola piececita. Los tubos de PVC de aguas negras bajan por encima de la tierra, y no tienen acueducto. En ese sector están viviendo aproximadamente 500 familias.

Es un estado de abandono total por parte del gobierno; la comunidad mandó solicitudes a EPM para que les colocaran los servicios y lo único que hicieron fue anotarles la dirección en la puerta de la casa y que luego volvían, pero resultó que eso era para cobrarles catastro. Cada tres meses les llega cumplidamente el impuesto predial y para eso si no es zona de alto riesgo, pero para legalizarlos sí.



Barrio Villa Turbay:


En la parte alta el terreno se está debilitando debido a las aguas perdidas, entre otras cosas por la falta de alcantarillado y pavimentación de senderos en tierra, que hace que el agua se filtre, ésta busque salida por donde sea y produzca graves daños.

En abril murieron 4 personas debido a un deslizamiento de tierra y obligó al desalojo de más de 20 viviendas, y así mismo se vino una parte de la carretera principal por la Curva del Chocó que los dejó incomunicados con el barrio La Sierra. La gente tiene un dilema si irse o quedarse pues no se confía en las ayudas que está prestando el gobierno para los damnificados o los que están en riesgo, que los están desalojando de sus casas.

Lo otro es que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la intervención del EDU en el sector de la Parte Alta y La Acequia, y si van a desalojar a las familias asentadas en estos territorios para la construcción de “proyectos de desarrollo” como miradores y parques.





COMUNA 13.

Barrio Las Independencias:


Uno de los problemas son los desalojos por riesgo. Primero llega el SIMPAD y manda desalojar a la gente, luego llega Ayuda Humanitaria y le dice que le dan un subsidio de 3 meses mientras ISVIMED le hace la mejora a la vivienda. Pero resulta que ni le arreglan la vivienda ni le prorrogan el subsidio de arriendo, así que a la gente las sacan de la vivienda porque está en riesgo de derrumbarse y por otro lado la ponen a endeudarse con otra persona con un arrendamiento. Lo peor es que una persona que tiene una casa en arriendo para sobrevivir, no tenga a quien reclamarle; es un descaro que una entidad pública le quede debiendo arriendos a una persona empobrecida.



Barrio Altos de la Virgen:


Luego del incendio del 3 de julio de 2010 que consumió las viviendas de 176 familias, la Alcaldía emitió dos órdenes de desalojo que pretende desplazar a otras 68 familias de las viviendas que no se quemaron, basados en el argumento de hallarse en zona de alto riesgo. Durante más de una década Altos de la Virgen ha sido el resguardo de 726 familias desplazadas por el conflicto social y armado que se ha vivido con crudeza en los municipios de San Carlos, Granada y San Luis. Pese a este estado de vulnerabilidad la historia de este barrio está atravesada por varios desalojos y dos incendios.

Como muestra de los intereses de la Alcaldía por reordenar el territorio tenemos: primero, en esta zona se pretende construir un parque recreativo y solo hasta ahora se están realizando las obras de mitigación de riesgos como construcción de escalas y la canalización de aguas lluvias; segundo, esta zona marginada queda a tan solo cinco minutos de la estación San Javier del Metro, tercero,  la alternativa para estas familias es la reubicación en el sector de Pajarito, solución que los afectados por el incendio y desalojados no ven viable, debido a los problemas de seguridad que ello le acarrearía a estos nuevos habitantes.



MUNICIPIO DE BELLO:


El gobierno dice que no hay terrenos donde construir vivienda popular, pero si se está favoreciendo la construcción de vivienda para los estratos altos, por ejemplo el proyecto “Norteamérica” con 380 hectáreas para unas pocas familias. En cambio, tenemos la problemática que genera la quebrada La García, que se entra hasta las casas con lodo y piedras, y hay varias viviendas que han tenido que ser abandonadas porque sus techos y paredes son arrastrados por la fuerza de las aguas.

En La Gabriela, después de los tres meses de recibir los $200.000 de arriendo, estaban bregando a ver dónde se metían porque ya no podían volver a sus casas. Para los gobernantes es más fácil decirle a una familia que le dan un arriendo de 3 meses, porque prácticamente lo olvidan.





TODAS LAS COMUNIDADES A DEFENDER NUESTROS TERRITORIOS


Las problemáticas son los puntos comunes que nos unen a todas las comunas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a exigir nuestros derechos y realizar una lucha conjunta en defensa de nuestro territorio. Decirle a la Administración que cuando ellos quieran un desarrollo, tienen que contar con las comunidades.

Debemos exigir que a una familia no la saquen forzadamente de su casa, y si sale, le entreguen sin ningún costo las escrituras de la vivienda en la cual la van a reubicar. A las personas a reubicar no les pueden cobrar por la vivienda nueva el 10% de ahorro programado, eso que lo asuma la Administración; pagar las casas nuevas por cuotas resulta imposible, la deuda sube y sube por los intereses y nunca se va a terminar de cancelar.

Otra de las cosas es que las reubicaciones se hagan en el mismo barrio o comuna y que a las personas no les salgan pagando cualquier cosa por su rancho, por ejemplo cuando la persona es poseedora (invasora) y no propietaria. Es necesario tener los argumentos de la Corte Constitucional para que a las familias les paguen realmente lo que vale su casa y no la engañen.

Se necesita un reconocimiento legal de los territorios, y para ello una etapa previa de regularización, para una posterior exigencia de equipamiento urbano. Una de las ideas a debatir es la elaboración de una propuesta de acuerdo municipal que regularice y legalice los barrios de la parte alta de las comunas 1, 3, 6, 8, 9 y 13, y las partes bajas  de las comunas 2, 4, 5 y 8, en donde hoy supuestamente se encuentran en zonas de alto riesgo.

Así mismo se deben tener los estudios geotécnicos y de suelos de todos los barrios periféricos, para saber si nos podemos quedar, mirar cómo se puede reducir el riesgo en estos territorios y reforzar la idea de que somos “zonas de alto costo” con necesidad de inversión social de carácter urgente.

Las comunidades debemos tener voz y voto mayoritario cuando se reformule el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín con una participación real. Esto es importante en la medida que el POT es el que define la política y la economía sobre territorio y lo que van a planear y hacer en nuestros barrios y comunas a corto, mediano y largo plazo. Así mismo se va definir qué es lo que se va a hacer con nuestras viviendas.

Hay que realizar unas acciones inmediatas y otras de fondo. Frente a las primeras debemos seguir con los reclamos, las denuncias, la formación y las movilizaciones.  Por ejemplo debemos unificar criterios frente a las actuaciones de los PUI (Planes Urbanos Integrales). En estos momentos están con los proyectos de vivienda, pero en uno o dos años vienen con los proyectos de bordes, y ahí si van a  ver mucho más “desplazamientos forzados legales” y desalojos y debemos estar preparados para ello.

En las acciones de fondo, tener la definición de unas políticas populares frente a la vivienda y el territorio. Se deben empezar a impulsar los Planes de Vida de las comunidades, o Planes Alternativos de Desarrollo donde se plasmen nuestros sueños y los de nuestros hijos sobre el barrio y la comuna que queremos.

Se plantea la necesidad de fortalecer la organización comunitaria para tener la capacidad de incidir sobre nuestros territorios; y a su vez debemos generar articulaciones para tener más fortaleza, buscando la globalidad de la lucha a nivel metropolitano.

Es importante tener en cuenta los niveles organizativos de la población e irle dando forma a las exigencias que se vienen trabajando, y plasmarlas en una propuesta política de Reforma Urbana, apostándole a la planeación del territorio desde un enfoque alternativo.

Hay una ciudad que quieren los gobernantes y los ricos, la pregunta para nosotros es ¿Tenemos claro cuáles son esos proyectos de ciudad que tienen ellos?, ¿Qué vamos a hacer para evitarlos?, ¿Qué le vamos a plantear las comunidades a la administración? Y sobre todo ¿Cuál es la ciudad que queremos nosotros como sectores populares?



[1] ZIBECHI, Raúl. América Latina: Periferias Urbanas, Territorios en Resistencia. Ediciones Desde Abajo. Bogotá, Colombia. Mayo de 2008. (p.65).
[2] Ibídem (p. 66).
[3] Informe Medellín Cómo vamos 2009. Vivienda y servicios públicos.
[4] Ibídem.

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