El día 10 de Marzo de 2012, al pie del Morro de basuras la comunidad del barrio Moravia, tuvo un espacio de encuentro y expresión frente a las problemáticas sociales que está generando la actuación de la administración municipal con motivo de los procesos de expropiación que desde hace algunos años viene adelantando en el barrio.
La asamblea tuvo un carácter formativo e informativo, en ella
se socializó los derechos que tiene la comunidad reasentada, se hizo
presentación de los integrantes de la
Mesa de Vivienda de Moravia y la colectividad expresó su inconformismo por los
desalojos forzados por parte del Municipio de Medellín.
Entre las expresiones más recurrentes por los asistentes están:
la falta de claridad en la información o la desinformación de los
procedimientos que se están llevando a cabo; y que los procedimientos
administrativos son arbitrarios, cuando los funcionarios amparados en figuras
como la función social de la propiedad o la declaratoria de utilidad pública
despojan de sus viviendas a muchos grupos familiares, sin permitirles la
gestión de un lugar donde vivir.
Por eso, según la comunidad, la administración ha jugado a su favor con el desconocimiento de la comunidad frente a sus derechos. La poca asesoría jurídica para los casos en cuestión ha impedido que las personas impugnen los avalúos y las resoluciones de expropiación, o rechacen las notificaciones indebidas, admitiendo la violación del derecho fundamental al debido proceso por parte de la administración.
Pero la inconformidad de fondo es la falta de concertación
con la comunidad frente a las alternativas que se ofrecen, las cuales no solo
han desestabilizado las relaciones de la comunidad, sino que ha generado desconfianza y zozobra en la población que no
cuenta con los medios necesarios para proveerse nuevamente de una vivienda.
Entre las alternativas expresadas por parte del Instituto de
Vivienda Social de Medellín (ISVIMED), está el subsidio de arriendo temporal
–solución en la cual la administración destina más de 1.200 millones mensuales-.
Sin embargo, esta alternativa no es suficiente cuando tenemos muchas familias
que después de ser desalojadas, pasan años pagando un arriendo. Las personas que hoy resisten en el Morro, no
quieren cambiar una vivienda por un subsidio de arriendo, porque con esto la
esperanza de tener una vivienda nueva podría postergarse por años.
La reubicación de las familias en la Ciudadela Nuevo
Occidente es otra alternativa propuesta
por el ISVIMED, la misma que no resulta ser muy atractiva para los
pobladores de Moravia. Además de la alta complejidad de orden público en el lugar,
es un sitio alejado de la ciudad que no permite a estas personas continuar
desarrollando sus oficios, y en consecuencia, se dificulta el obtener los
ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la familia.
De otra parte, los avalúos de las viviendas que se han realizado también es un motivo de inconformidad pues se ha denunciado que en los mismos no se han tenido cuenta algunas mejoras y/o áreas; pero más que esto existe un rechazo generalizado a dejarse expropiar con la indemnización que se ofrece, pues este dinero no alcanza para adquirir una vivienda nueva.
Frente a las
inconformidades expresadas, la comunidad sienta unos acuerdos comunes:
1-
No
se permitirá el desalojo de la vivienda, con el compromiso por parte de la
administración de entregar un subsidio de arriendo temporal.
2-
Se
exigirá la reubicación en sitio, es decir que la administración gestione
vivienda nueva o usada para los desalojados, en los alrededores del barrio
Moravia.
3-
Se
exigirá una compensación que permita la obtención de una vivienda, es decir, se
exige la reposición de vivienda; no simplemente un valor por concepto de
mejoras, que no alcanza para asegurarse otra.
4-
Se
exige el pago de una indemnización a las familias que contaban con unidades
productivas, ya que han perdido su forma de sustento, y se les debe facilitar
la forma para que puedan seguir ejerciendo su actividad económica.
Cabe resaltar que estos acuerdos promovidos por la
organización comunitaria para enfrentar los desalojos, están soportadas por los
“Principios y directrices para los
desalojos forzados” del Relator especial del Hábitat y la vivienda de la
0rganizacion de las Naciones Unidas (ONU), según plantea que: “Los desalojos no deben generar personas sin
hogar o vulnerables a la violación de otros derechos humanos. El Estado debe
prever la adopción de todas las medidas apropiadas, hasta el máximo de los
recursos disponibles, especialmente a favor de los que no pueden ganarse la
vida, para garantizar que se disponga o se ofrezca vivienda adecuada
alternativa, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según el caso. La
vivienda alternativa debe estar situada lo más cerca posible del lugar inicial
de residencia y la fuente de ingresos de las personas desalojadas”.
Fotografías Cortesía Plano Sur
Mesa Interbarrial de Desconectados
Corporación Jurídica Libertad
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