Agua prepago: una política de EPM contra los pobres

Pueden recargar desde $5.000 y la empresa les retiene el 10 %

Por: Verónica Vélez Osorio | julio 23, 2015

Foto: subida por autor

De espaldas a las conquistas en materia de protección a un mínimo vital de agua, EPM acaba de lanzar el programa ‘Agua prepago’ que, descaradamente, ha denominado como una iniciativa social. Actualmente, el derecho internacional reconoce el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos, esenciales para la realización de los demás derechos humanos, e indispensables para una vida humana digna; en consonancia la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces al respecto, consagrando la garantía del recurso vital en sujetos de especial protección (T-717-10). No obstante, en Medellín una voz pretendidamente solidaria nos dice “estamos ahí” para cobrar por adelantado.

El acceso al líquido esencial, condición primordial de la vida, determinante directo de la situación de salud de una población se ve sometido así al requisito previo y verificable del dinero, con la fórmula: no hay plata, no hay agua.

Inaugura EPM un programa donde los usuarios desconectados por morosidad pueden hacer recargas desde $5.000 en una tarjeta inteligente, que es leída en un medidor instalado en la residencia. Afirma la empresa de servicios públicos que el programa ya empezó a ser utilizado por 40 familias de Belén Altavista, y se pretende alcanzar este año la implementación por parte de 10.000 familias y para 2016 subir esta cifra a 35.000 hogares.

La ejecución del programa estará dirigida, en primer lugar, hacia usuarios con problemas de morosidad que tienen desconectado el servicio y, después, hacia la población más vulnerable, aquella con menos de 33 puntos en el Sisbén, tal y como lo afirmó recientemente en los medios de comunicación su gerente Sr. Juan Esteban Calle.

Lo que poco se ha anunciado es que EPM retendrá el 10 % del valor de la recarga para la amortización de la deuda en el caso de usuarios morosos, lo que revela que generar “cultura de pago” es el verdadero propósito de la iniciativa. Téngase en cuenta que el valor de las deudas de muchos de los usuarios es insignificante en comparación con el despliegue de recursos para obtener esta nueva tecnología, pero en Medellín no puede quedar la sensación de que las deudas pueden no pagarse.

EPM afirma que la recarga mínima de $5.000 pesos dura entre 3 y 5 días. Esto significa, en el mejor de los casos (al durar 5 días), un valor mensual de $30.000 pesos. “Nuestra” empresa pública resolvió promover la cultura de pago: cobrarle a sus usuarios más vulnerables los $3.000 pesos mensuales (10% del consumo mensual), así eso le cueste a la empresa millones de pesos (costo de la tarjeta inteligente, nuevo medidor con lector de la misma, sistema de control automático que lo ejecute, comisión a la empresa GANA donde se puede realizar la recarga, etc.)

Por ende, tal medida de EPM es una política contra los pobres porque implica la creación de todo un andamiaje de recaudo, antes que invertir esos recursos en lo que sí sería una transformación social, generadora de equidad y calidad de vida para los ciudadanos, y es la implementación de lo que ya ha sido reconocido como derecho humano esencial, cobertura en el mínimo vital de agua.

En otras ciudades del país la situación es diferente: la actual administración de Bogotá durante su gestión garantizó el mínimo vital de agua para 3 millones de personas de los estratos uno y dos. Cali hizo lo propio para 900 mil personas; mientras que en Medellín la garantía cubrió solo a 160 mil ciudadanos. La mayor cobertura la realizó el exalcalde, Alonso Salazar, amparando a 33.756 hogares y en 4 años de administración de Aníbal Gaviria, aumentó en la vergonzosa, nimia e irrisoria cantidad de 300 hogares. Con el agravante de que en Medellín –a diferencia de Bogotá- se excluye del derecho a quien tenga alguna cuenta pendiente con la empresa prestadora del servicio público (no quedándole otra posibilidad que pagar por adelantado, y sentirse agradecido por ello).

Pongamos en la agenda política municipal este tema, nunca como en un momento preelectoral las exigencias ciudadanas son escuchadas, reclamemos pronunciamientos al respecto por parte de Alonso Salazar, Eugenio Prieto, Federico Gutiérrez, Gabriel Jaime Rico y Juan Carlos Vélez como eventuales alcaldes de la ciudad, que lo hagan además de cara a la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, como principales dolientes de la indiferencia de la saliente administración municipal a este respecto.

Las experiencias antes referidas demuestran que no es exclusivamente a través del cobro adelantado que se hace un uso racional de los recursos. El caso de Bogotá es ejemplificante cuando fija tarifas de servicio a la población vulnerable únicamente si se supera la medida establecida como vital. Que sea propósito de la nueva alcaldía y de EPM promover la educación en el consumo del agua, y su uso responsable, no solo bajo la consideración del pago.

Para generar verdaderos cambios, profundicemos en lo conseguido: que las cuentas pendientes no sean más un obstáculo para acceder al mínimo vital de agua en Medellín; que para aquellos que se encuentren en mora se garantice el acceso vital y se generen acuerdos de pago que consideren su verdadera capacidad económica; que se amplíe la cobertura del mínimo vital de agua a quienes pertenezcan a estrato 1 y 2 como en Cali y Bogotá; que el programa Agua Prepago sólo sea implementado para consumos que superen la cantidad otorgada como mínimo vital en el caso de población vulnerable.

tomado de:http://www.las2orillas.co/agua-prepago-una-politica-de-epm-contra-los-pobres/