Luego de ocho sesiones, se da por
terminado un nuevo ciclo de la Escuela Interbarrial, proceso formativo
coordinado desde la Mesa Interbarrial de Desconectados donde todos y
todas venimos a aprender y a enseñar, y que tiene como objetivo fortalecer los
diferentes procesos sociales, proponiendo la construcción colectiva de
conocimiento entre habitantes y comunidades de sectores populares, sobre las
dinámicas de ordenamiento territorial, la vivienda y los servicios públicos
domiciliarios, mediante ejercicios formativos que permiten visibilizar
alternativas de organización comunitaria en defensa del territorio y por una
vida digna.
La Escuela fue lanzada el 25 de agosto
en la comuna 13 en el marco del 6º Encuentro de Desconectados. En la primera
sesión realizada en Sintraintabaco se logró identificar los actores que inciden
en el ordenamiento territorial, luego visitamos Villatina donde entendimos que
las comunidades de los sectores populares somos los que construimos la ciudad.
También visitamos el barrio El Picacho en la comuna 6, donde conceptualizamos
lo que entendemos por la incidencia de las organizaciones en el ordenamiento.
Posteriormente estuvimos en Moravia
analizando lo mal que han sido implementados en Medellín los Planes de Regularización
y Legalización Urbanística en los asentamientos informales; seguidamente en
Bello Oriente estudiamos cómo se deben implementar los programas de
Mejoramiento Integral de Barrios y la falta de voluntad política de las
Administraciones para llevarlos a cabo. El 5 de octubre la Escuela se articula
a la realización del Festival de las Mujeres por el Agua en el barrio
Golondrinas, Comuna 8, donde sus más de 15.000 habitantes se encuentran sin
agua potable. Luego visitamos el barrio Popular 1 donde conversamos sobre el
acceso a los servicios públicos domiciliarios y como su prestación depende de
las cotas de nivel de los perímetros urbano y sanitario.
El cierre de la Escuela fue realizado el
19 de octubre en el barrio Carpinelo de la comuna 1, en el marco del 8º
Festival Comunitario por la Vida y la Dignidad,
donde una de las principales propuestas
planteadas es la necesidad de inversión social en las zonas catalogadas como de
alto riesgo, que hemos definido como de alto costo; donde surge la consigna: ¡No
al monorriel, Si a la mitigación del riesgo con garantía de permanencia de los
habitantes en los territorios!, ya que el monorriel no consulta las realidades
de los territorios y ese dinero debe invertirse mejor en la mitigación del
riesgo que es la principal necesidad de los asentamientos populares. Igualmente se planteó en esta Escuela la
necesidad de conocer más los territorios y sus problemáticas, además de
reconocer sus organizaciones y las propuestas que se han venido construyendo
comunitariamente.
Se destacó también que “lo que se
planea no se hace y lo que se no se planea, se hace…”, por ejemplo el monorriel
de la ladera oriental (comunas 1, 3 y 8) a pesar de no está plasmado ni dentro
del POT ni del Plan Estratégico de Movilidad ya tiene dinero aprobado para su
ejecución, mientras que el Mejoramiento Integral de Barrios que quedo
estipulado en el POT de 1999, es una deuda histórica que tiene el Estado Local
con los habitantes de los sectores populares más precarios.
Uno de los principales aprendizajes que deja este proceso de Escuela
es la identificación de los actores que inciden en el ordenamiento territorial
en Medellín, como lo son el gobierno, la comunidad, los expertos, los privados
y los grupos armados; aunque legalmente (ley 388/97) quien tiene obligación de
ordenar el territorio es el gobierno a través de procesos de concertación con
los otros actores, sin embargo esto en la realidad no es tan cierto, como lo
veremos a continuación:
A nivel municipal los encargados del ordenamiento
territorial son las secretarías de Planeación, en el caso de Medellín está a
cargo del Departamento Administrativo de Planeación (DAP), pero igualmente se
encuentra la vice-alcaldía de gestión territorial, quienes tienen la obligación
de realizar el diagnóstico y formulación del POT y el programa de ejecución que
luego tendrá que aprobar el Concejo Municipal con el respectivo aval del Área
Metropolitana.
Se
aclara que muchas veces el gobierno ordena el territorio de acuerdo a sus
necesidades de internacionalizar la ciudad o pagando cuotas políticas, y es por
esto que vemos como acumulan riqueza y nos expropian. Pareciera que el gobierno
planea para los turistas y no para nosotros que habitamos los territorios,
realmente no están concertado nada, solo demagogia, dicen que construyen para
nosotros, pero solo miremos el ejemplo de ese “jardín circunvalar”, ese cordón
de mentiras que está haciendo la EDU para traer turistas a la periferia de la ciudad.
Por otro lado, nosotros las comunidades
hemos ordenado aproximadamente el 60% de esta ciudad, construyendo nuestros
barrios según la lógica de la satisfacción de las necesidades, especialmente de
vivienda y los servicios públicos, pero también de vías, escuelas y centros de
salud. Buena parte de lo que actualmente es Medellín ha sido construido por las
comunidades, sin experiencia técnica pero
con mucha sabiduría popular, que es otra forma de conocimiento.
Este
territorio lo hemos construido y organizado nosotros, por eso es importante capacitarnos
para potenciar nuestras capacidades, tal y como lo hemos venido realizando a
través de los procesos de planeación participativa desde los años 90´s, hoy
denominados planes de desarrollo comunales y corregimentales en los que tenemos
unos avances importantes, sin embargo tenemos un reto y es poder consolidar un
modelo de ordenamiento en cada comuna, y cómo éste se articula con otras
comunas, para pensarnos un modelo de ciudad diferente que nos incluya a
nosotros como sectores populares.
A
través de la historia podemos apreciar como nosotros las comunidades hemos logrado
incidir en el ordenamiento del territorio, pero no hemos incidido en los planes
de ordenamiento territorial (POT); por eso es importante construir nuestra
propuesta y defenderla con movilización social en la próxima revisión del POT que
se hará en el 2014, ya que allí se define el modelo de ciudad y el programa de
ejecución de los proyectos estratégicos a ejecutarse hasta el 2027.
Otro de los actores que inciden en el
ordenamiento y de una manera importante, es la empresa privada que se piensa el territorio
como un lugar para la especulación con el precio de la suelo con el fin de obtener
mayores ganancias, generando un negocio que permite lucro, por ejemplo con la
construcción de megaobras o proyectos inmobiliarios de gran calado. Aquí es
importante analizar el papel que juega la Cámara Colombiana de la Construcción
(CAMACOL) y la Sociedad Antioqueña de Arquitectos e Ingenieros (SAI), además de
algunas constructoras como Ramón H, el grupo Monarca y Construcciones CDO.
En
cuanto a los “expertos”, estos desarrollan su conocimiento desde un punto
economicista o técnico, y no hay una real inclusión de la naturaleza o de las
comunidades en ese tipo de ordenamiento, por ejemplo existe en la ciudad, el Instituto
Urbam de la universidad Eafit que son los encargados de la planificación estratégica
de Medellín y el Valle de Aburrá, condensados en el Acuerdo Metropolitano Nº 13
de 2011 o también conocido como Plan Director Bio2030.
Realmente
el gobierno, los privados y los expertos vienen siendo la misma cosa, los unos
y los otros se rotan de puestos entre asesores, funcionarios públicos de alto
rango y directivos de grandes empresas. Ellos van por sus intereses, somos
gobernados por un gobierno capitalista y por eso es importante avanzar en
consolidar una fuerte organización de la comunidad que consolide un movimiento
social urbano capaz de lograr transformaciones reales en los territorios.
Finalmente, otro de los actores que
poco se ha tenido en cuenta en el actual debate sobre POT, es el papel que
juegan los grupos armados en el ordenamiento del territorio, como por ejemplo con las mal llamadas
“fronteras invisibles”, el control poblacional ejercido en los barrios y donde
su accionar armado genera desplazamiento forzado intraurbano que
reconfigura los territorios. Hay que entender que estos grupos armados, no son banditas ni combos
pequeños como nos lo hacen creer las autoridades y los medios de comunicación
oficiales, sino que son grandes estructuras para-mafiosas; en Medellín operan
dos de ellas, una denominada “Urabeños”, con una tendencia más paramilitar y
otra conocida como la “Oficina de Envigado”, los resquicios de “don Berna”, y
entre ellos suman más de 4.000 hombres armados, más toda su red de cooperantes.
En resumidas
cuentas, el gobierno legisla para favorecer intereses politiqueros o particulares
que sirven para vender la ciudad al exterior y hacerla más “competitiva”; la
empresa privada construye y se acomoda según sus necesidades, solo les importa
sus ganancias; los expertos se dejan tranzar por el dinero que haya por encima
o por debajo de la mesa; los grupos
armados controlan el territorio y la población de acuerdo a sus intereses
estratégicos tanto militares como económicos; y la comunidad construye el
territorio según sus necesidades básicas insatisfechas y a través de los planes
locales de desarrollo. El reto que nos queda como comunidades es seguir
identificando y caracterizando cada uno de estos actores y sus alianzas, para
entender cuál es el conflicto de intereses y así poder definir objetivos y estrategias
para lograr incidir con mayor contundencia en el ordenamiento y planificación del
territorio.
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