Para quienes habitamos las comunas ubicadas en las laderas de Medellín, no es un secreto la relación que hay entre el desarrollo en la ciudad y la violencia de las estructuras criminales armadas. El control territorial que ejercen las bandas y combos delincuenciales en nuestros barrios les posibilita tener un control económico y un control social, frente a la mirada negligente y a veces cómplice de las autoridades oficiales.
Este control territorial, económico y social ha sido puesto al servicio de los intereses de quienes buscan consolidar un modelo de desarrollo que a todas luces resulta excluyente y que no alcanza a atender las múltiples y graves problemáticas que padecemos quienes habitamos las laderas. Por el contrario, es un modelo de desarrollo que está pensado para favorecer de un lado a los que más tienen, y para adornar y poner muy bonita la ciudad, con el fin de ofrecerla a los turistas como un paseadero donde gastarse la plática.
Pues bien, para la realización de las obras necesarias para implementar ese modelo de desarrollo, han sido múltiples los casos en los cuales los violentos en los barrios han facilitado la realización de proyectos importantes. Para poner solo algunos ejemplos, podemos recordar lo que pasó con la construcción del metrocable en la comuna uno Popular, donde muchas personas fueron amenazadas por la ilegalidad para que abandonaran sus casas, justo donde se estaban realizando obras para la construcción de las torres y las estaciones; o como el túnel de occidente en la comuna 13 San Javier o para poner un ejemplo todavía más cercano, en la comuna 8 Villa Hermosa recientemente se han producido desplazamientos por amenazas de los grupos ilegales, precisamente en los barrios La Sierra, Trece de Noviembre y Esfuerzos de Paz donde se tiene proyectado la realización de obras para la implementación del Metro Cable para la comuna 8.
Pareciera entonces que las palabras de algunos altos funcionarios de la alcaldía de Medellín, con relación a que “el Cinturón Verde va porque va”, responde a una forma de actuar donde se tiende a desconocer a las comunidades y sus demandas, preocupaciones y propuestas. Pero donde además, y de manera no oficial, no reconocida y que es muy difícil de demostrar, actuaría como lo dice el ya conocido y viejo refrán: lo que no se puede por las buenas…
FRENTE AL MACROPROYECTO CINTURÓN VERDE
La gran preocupación de la comunidad es por la afectación a las familias. Nos preguntamos qué pasará con los casi 5.000 predios catastrales que necesita el proyecto Cinturón Verde en la franja alta de las comuna 1, 3 y 8, muchos de ellos ubicados en retiros de quebradas o zonas de “alto riesgo”. ¿Cómo se adquirirán esos predios?, ¿cómo se va a hacer el pago por indemnizaciones? ¿Qué pasará con las familias que están por fuera de perímetro urbano? Además ¿Qué pasara con las familias que ya obtuvieron un subsidio de vivienda y que no aplican para otro tipo de subsidios? ¿Quedarán en la calle?
La Administración debe responder con las mayores claridades a estos y otros interrogantes como: ¿Va a haber desalojos?, ¿Los desplazados van a ser desplazados nuevamente?, ¿Ya están definidas las reubicaciones?, ¿Qué documentos se necesitan al momento de las reubicaciones?, ¿Cuál es la condición del reasentamiento?, ¿Al hacer el cinturón verde a las personas les toca pagar impuestos más costosos?, ¿Qué sucederá con las familias que no tengan escrituras?, ¿Qué pasará con lotes que se tienen en posesión con sembrados, se reconocerá el trabajo realizado?, ¿Qué va a pasar con las familias donde viven más de un núcleo familiar?
Por otro lado se habla de un paseo urbano (gestión inmobiliaria) en los alrededores de las nuevas estaciones de Metrocables, donde quedan muchas dudas respecto a que pasara con sus habitantes originarios, qué intereses están moviendo los actores privados en relación con la especulación con el precio del suelo y la generación de un negocio rentable a costa de los pobres.
Con el Cinturón Verde no se denota hasta ahora que vaya a existir una contención del borde, sino una Proponemos diseños realmente participativos en los temas de vivienda y hábitat, que la Administración gestione mayores recursos a nivel nacional e internacional para ampliar los metros cuadrados de las nuevas viviendas, con materiales alternativos y sobre todo, exigimos la gestión del riesgo en las laderas. Se debe reconocer el pago de una plusvalía social a las familias, las comunidades construyeron el barrio y ahora valen más los terrenos, pero las sacan con lo mínimo. Las comunas han sido construidas por la gente, no se puede olvidar que a estas comunidades les costó hacer el territorio, para que lleguen otros a sacar provecho de esta situación. valorización de estos suelos, y la generación de rentas urbanas tanto para el Estado vía impuestos, como para los privados vía compra de tierras en áreas periféricas y la implantación de proyectos turísticos en el marco de ciudades competitivas en el mercado mundial. Más que un proyecto ambiental tal y como se planteó inicialmente, es un proyecto urbanístico que genera una rentabilidad muy importante para ciertos gremios económicos, además de legitimidad política a ciertos grupos políticos.
El cinturón verde no sólo elevara el precio del suelo, sino también elevará el costo de vida a las comunidades, pero sin mejorar las condiciones socioeconómicas. Desde las comunas nadie ha hablado de turismo, es un modelo que quieren implantar, nosotros queremos un mejoramiento de las condiciones de vida, no un embellecimiento de la ciudad para que otros vengan a disfrutarla mientras que los habitantes del territorio son expulsados. Un gran ausente del debate son los habitantes del territorio, ¿Dónde queda la propuesta de quienes habitan el territorio?
EL PROCESO DE CONCERTACIÓN.
El proceso de concertación del cinturón verde no es una dádiva que se pide al gobierno municipal, es un deber legal que debe asumir el alcalde de acuerdo a la Ley 388 de 1997, específicamente en el artículo 4º Participación democrática: “En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones”. Y seguidamente plantea: “Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal”.
Las comunidades planteamos una Mesa de Concertación desde el 30 de mayo del presente año, al ver que nuestras propuestas comunitarias no quedaron incluidas en lo fundamental del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Seguidamente reunidos el 8 de agosto en el auditorio del cubo de EPM, se le volvió a exigir a la Administración Municipal una Mesa de Concertación para la formulación, elaboración y puesta en marcha del proyecto “Cinturón Verde Metropolitano”.
Luego se tuvieron otra serie de reuniones con la Administración, con varios aplazamientos por parte de la Alcaldía. Finalmente el día 26 de septiembre en La Plaza de La Libertad, el señor Álvaro Berdugo en ese entonces director de Planeación Municipal decide no seguir con las reuniones de concertación a nivel de ciudad, argumentando que se iban a hacer en los territorios desde finales de octubre, pero este es el momento que no se han empezado dichas concertaciones. Se puede decir que se hizo un primer intento de concertación pero la Administración irresponsablemente se levantó de la mesa.
Creemos que no hay voluntad política para un diálogo real con las comunidades, y estamos a la espera de un proceso de concertación que conlleve a un desarrollo de nuestros territorios, y no a imposiciones de un proyecto político en el poder. Consideramos que el diálogo no es la socialización de proyectos; en la mesa debemos definir cuestiones de fondo y esto pasa por una construcción conjunta de los proyectos y acordar lo que más le convenga a las comunidades y a la administración. No sólo son “talleres de imaginarios” para legitimar las actuaciones del Estado, es definir conjuntamente el modelo de ocupación de las laderas y cómo se va a realizar la gestión del crecimiento en los bordes urbano-rurales del municipio de Medellín.
QUEREMOS SOLUCIONES VERDADERAS
Las montañas de Medellín históricamente construidas por las comunidades que en su mayoría han sido víctimas del conflicto armado tanto urbano como rural, no han dejado de luchar para que el sueño de vivir con dignidad en un territorio sea posible, dándole solución desde el intercambio de saberes a las necesidades que se iban presentando. La escuela, la iglesia, las carreteras, la vivienda, los acueductos, la energía, el empleo, han sido derechos que los que habitamos esta ciudad hemos tenido que ir resolviendo en el cotidiano, contando económicamente con lo mínimo o con nada, derechos que la Administración siempre ha debido garantizarnos, que incluso están establecidos en la constitución política de Colombia, y que no es un favor lo que les estamos pidiendo, si no una exigencia de las personas que vivimos en los diferentes barrios que hacen parte de la ciudad, donde muchos de ellos aun no son ni siquiera reconocidos legalmente por la administración, nosotros soñamos con una ciudad en la cual sus proyectos de desarrollo social y económico sean construidos con la participación de sus habitantes, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de los territorios, proyectos que realmente mejoren las condiciones de vida y beneficien sus habitantes.
Los habitantes de las montañas que serán intervenidos por el Cinturón Verde, no queremos una intervención en nuestros territorios, queremos una acción con conciencia humana y social, donde los planes de desarrollo construidos por las comunidades sean tenidos en cuenta en la ejecución de estos megaproyectos, queremos proyectos que generen empleo, vivienda, educación, salud, parques y alimento sano, que nuestras montañas sean productoras de comida para nuestra ciudad.
No queremos seguir siendo utilizados para el espectáculo de pobreza y exclusión que ofrece la Administración a los visitantes en sus proyectos turísticos y que sea reconocido el trabajo mancomunado y el esfuerzo en el que han participado las comunidades en la construcción de esta ciudad donde ha faltado el apoyo efectivo del Estado.
Proponemos diseños realmente participativos en los temas de vivienda y hábitat, que la Administración gestione mayores recursos a nivel nacional e internacional para ampliar los metros cuadrados de las nuevas viviendas, con materiales alternativos y sobre todo, exigimos la gestión del riesgo en las laderas. Se debe reconocer el pago de una plusvalía social a las familias, las comunidades construyeron el barrio y ahora valen más los terrenos, pero las sacan con lo mínimo. Las comunas han sido construidas por la gente, no se puede olvidar que a estas comunidades les costó hacer el territorio, para que lleguen otros a sacar provecho de esta situación.
Comunidades afectadas por el Cinturón verde
Medellín, 5 de diciembre de 2012
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